La Xunta se pone a "disposición" del Gobierno central y recalca la necesidad de trabajar en la integración social y laboral posterior
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La edil de Política Social del Ayuntamiento de Santiago, Concha Fernández, ha señalado que la ciudad "está preparada para acoger a un grupo de entre 30 y 40 personas refugiadas" ante la "crisis humanitaria" que supone la situación del buque 'Aquarius'.
En un acto en Compostela, Concha Fernández ha explicado que esta estimación se realiza con base en los estudios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), pues se hace en relación a las "dimensiones y posibilidades" del ayuntamiento.
Este grupo de 30 y 40 personas tendrían que distribuirse en 10 o 12 viviendas, pero esta cuestión supone la "mayor dificultad" para el municipio, al no contar con un número de inmuebles suficiente.
Por ello, apela a la "coordinación" con el resto de administraciones públicas, como la Xunta, para el proceso de acogida, en el marco de la "coherencia" de las políticas sociales.
DISPOSICIÓN DE LA XUNTA
Por su parte, la Xunta de Galicia insiste en poner a "disposición" del Gobierno central "todos los recursos necesarios para que se proceda a la reubicación de las personas refugiadas", según ha informado del director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado.
El Gobierno de Galicia también ha solicitado el "trabajo coordinado" entre las alcaldías y las tres entidades de iniciativa social que se ocupan del asentamiento de refugiados en la Comunidad gallega, como son Cruz Roja y las ONG Accem y Pro Vivienda.
"PROCESO DE AUTONOMÍA"
Arturo Parrado considera que la labor de la Xunta no se limita a que "las personas vengan en las mejores circunstancias posibles" a la hora de asentarse, sino que también tengan cobertura sanitaria, escolarización para los menores y acceso a la formación para los adultos.
El Programa de Protección Internacional que gestiona el Gobierno Central incluye la cobertura de estas necesidades durante un tiempo limitado de 18 meses, que se pueden prorrogar hasta 24 en caso de que haya menores.
Sin embargo, Parrado asegura que "es importante trabajar en el proceso de autonomía posterior", que se da una vez que el programa de protección finalice. En ese momento, las personas refugiadas pasarían a "tener derecho a los mismos servicios que cualquier gallego o gallega" y, por lo tanto, se podrían "beneficiar de las ayudas públicas que se ponen a disposición de las entidades de iniciativa social".
De esta manera se pretende conseguir la "integración laboral y social" a través de la labor conjunta de los ayuntamientos y las organizaciones como Cruz Roja, Pro Vivienda o Accem.
