El TSXG requiere que se le informe cada 30 días sobre las medidas adoptadas en este caso
VIGO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Urbanismo y portavoz del Gobierno municipal de Vigo, José Manuel Figueroa, admitió hoy que el Ayuntamiento no tendrá más remedio que ejecutar la sentencia de derribo de los edificios de la urbanización de A Pastora, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia inste al ejecutivo local y, expresamente, a la alcaldesa Corina Porro, a que cumpla dicho fallo.
Figueroa reconoció que, después de que los tribunales rechazasen los recursos de vecinos y Ayuntamiento, el Gobierno municipal se encuentra en una situación en la que "sólo queda ejecutar la sentencia" (en la que no se indica un plazo para llevar a cabo el derribo), al tiempo que reiteró su solidaridad con los vecinos afectados, propietarios de unas 56 viviendas. "Intentaremos que esta situación sea lo menos traumática posible", añadió.
La última resolución del TSXG no sólo obliga a cumplir con la demolición de los inmuebles, en virtud de una sentencia ratificada en 2003 por el Supremo, sino que solicita al Ayuntamiento que remita información cada 30 días sobre las medidas que se vayan tomando en relación con este caso.
El concejal de Urbanismo explicó que, en estos momentos, los servicios jurídicos del Ayuntamiento están analizando la situación para valorar cómo debe actuar el Gobierno municipal. En todo caso, y ante la posibilidad de que el nuevo PGOM pueda dar cobertura legal a los edificios afectados, Figueroa señaló que el derribo de los inmuebles de A Pastora "no tiene nada que ver" con la aprobación del documento urbanístico.
OTROS CASOS
A pesar de la dureza de la resolución del TSXG, y de la intención pública, mostrada hoy por el portavoz del Gobierno local, de cumplir con esa exigencia del tribunal gallego y ejecutar la sentencia, lo cierto es que existen en Vigo numerosos casos similares de actuaciones urbanísticas consideradas ilegales y cuya situación no ha cambiado en años.
Es el caso de la urbanización de la 'Colina de Castrelos', sobre la que pesa una sentencia firme de demolición, sin ejecutar; los dos edificios de aparthoteles de Samil, a uno de los cuales se le cortó temporalmente el suministro eléctrico y de agua, mientras que el otro también tiene una sentencia de derribo; o el bloque de 200 pisos entre las calles Jacinto Benavente y Coruña, que también debe cumplir una resolución firme.
A estos casos, se suman otros, como las 'torres Ifer', los chalets de la playa de Canido, varios bloques de vivienda de lujo en la calle Rosalía de Castro, o el edificio del centro comercial Camelias, sobre los que pesan sentencias*que los*declaran*ilegales.
MÁS REACCIONES POLÍTICAS
Ante el apremio del TSXG de Galicia sobre la situación de A Pastora, el concejal del PSOE, Mauricio Ruiz Ceniceros, destacó el hecho de que no se tenga en cuenta la existencia de 'terceros compradores' que adquirieron los pisos "de buena fe".
Ruiz Ceniceros recordó que no es la primera sentencia en este sentido, pero que no se ha ejecutado ninguna, y expresó su deseo de que el nuevo PGOM "no sirva de cobertura a este tipo de ilegalidades".
Por su parte, el concejal del BNG, Henrique Viéitez, reprochó al Ayuntamiento que no hubiera mantenido más contacto con los vecinos afectados, al tiempo que le sugiere que "se busque una correcta defensa". Además, afirmó que el nuevo Plan General podría solucionar "una parte" de todos los problemas de ilegalidades urbanísticas.
