La normativa pide que divulgar en gallego, al menos, todos sus servicios y el Vázquez reclama a PPdeG y PSdeG que se posicionen
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Bloque Nacionalista Galego presentó hoy el articulado de una ley de cajas, que registrará en el Parlamento gallego, en la que apuesta por la fusión de estos entes gallegos y que defiende la "intervención pública y la democratización" con el objetivo de que "el ahorro de los gallegos se quede en Galicia".
De esta forma, la propuesta que hacen los nacionalistas incluye de forma explícita, en las disposiciones adicionales, el "impulso a la integración y fusión de las cajas de ahorro gallegas", sin prejuicio de "fortalecer los mecanismos de colaboración y cooperación previstos en la norma vigente". El objetivo de este punto radica en "consolidar una estructura que mejore la financiación de las empresas y sectores productivos de la economía gallega" y todo ello "coordinado con la política económica" del Gobierno autonómico.
En todo caso, la fusión de las cajas gallegas debe contar --según recoge la normativa propuesta-- con la "necesaria autorización" de la Xunta cuando afecten a las cajas gallegas, con independencia de que haya recibido el visto bueno del Banco de España o del Ministerio de Economía. Esta medida se fundamente a raíz de la aprobación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Así, en rueda de prensa, el portavoz nacional de Bloque, Guillerme Vázquez, y el responsable de Economía del grupo parlamentario, Fernando Blanco, apostaron por que la fusión de activos "mantener la vinculación con el territorio". "Cualquier fusión debe asegurar que la dirección social de la futura caja siga radicando en Galicia", aseveraron.
En el ámbito de la democratización, el articulado --en su apartado 7-- recoge que las cajas de ahorro tendrán una composición en que sus órganos de gobierno y administración "atendiendo los intereses generales en el ámbito socioeconómico de las entidades fundacionales, los depositantes, y entidades públicas y privadas del territorio donde desarrollen su actividad.
Del mismo modo, deberán "garantizar la transparencia y eficacia" en las actividades que desarrollen, de forma que "favorezcan la participación de los impositores y clientes en los asuntos de interés" y "difundan constantemente información objetiva sobre su situación y promoviendo el empleo de las nuevas tecnologías de la información".
En cuanto a la participación, la propuesta de ley se reserva un 20 por ciento de sus miembros, con denominación de conselleiros, para representantes de la Xunta de Galicia. En este sentido, la normativa matiza que la participación de las administraciones públicas y de las entidades y corporación de derecho público en los órganos de gobierno "no podrá superar en su conjunto el 50 por ciento del total de los derechos a voto".
A este respecto, Fernando Blanco subrayó que "no es nueva" la participación pública, porque --intuyó-- a "alguno se le puede ocurrir que es un intervencionismo" no habitual, pero indicó que en Madrid o Andalucía cuentan con una cuota similar, del 21 por ciento. "Lo que es novedoso es que la Xunta por primera vez tenga representación", apostilló.
COMITÉS DE RETRIBUCIONES E INVERSIONES
Asimismo, el articulado incluye la creación de dos comités, de retribuciones y de inversiones con el objetivo de que "definir" los proyectos de las cajas. En ambos debe estar representado el Gobierno gallego, con un miembro del órgano encargado de gestionar las hacienda pública en el primero de los casos, según especificó Fernando Blanco.
La normativa está adaptada a una fusión de las cajas, pero la creación de ambos organismos se realizaría, entretanto, en los entes de ahorro que existan en la comunidad. También se aplicarían las cuotas de representatividad y los demás aspectos de la normativa, que, en todo caso, apuesta por la fusión. La normativa limita a la edad máxima de 65, en el cargo de director general.
La ampliación del registro de cargos directivos es otra de las demandas, junto con que el registro nominal vaya acompañado de forma "obligatoria" de los derechos patrimoniales, de intereses o actividades con el fin de evitar "incompatibilidades entre las responsabilidades en la caja y sus intereses privados".
En esta línea, se crea en la consellería competente un registro de actividades e intereses de altos cargos de las cajas de ahorro gallegas, en el que se inscribirán el nombramiento, la reelección y el cese de los miembros del consejo de administración, de las comisiones de control, retribuciones e inversiones y del director general.
LENGUA GALLEGA
A mayores, la Disposición Adicional Segunda apuesta por el "fomento del uso de la lengua gallega" en la actividad de las cajas de ahorro. "De acuerdo con su vocación de interés público y social, favorecerá en su ámbito la normalización progresiva del uso de la lengua gallega y promoverá su uso, tanto en las comunicaciones escritas como orales", reza la ley.
A estos efectos, la normativa estipula que en el ámbito de la comunidad, todos sus servicios se divulguen, "como mínimo, en la lengua oficial propia de Galicia, sin prejuicio de hacerlo en otras lenguas cooficiales", apunta.
POSICIONAR Y CRÍTICAS A QUINTÁS
El portavoz del BNG, Guillerme Vázquez advirtió que, con esta ley, la formación frentisa "toma la iniciativa" al respecto de las cajas frente a un "momento de claros intentos recentralizadores" de las competencias. En este sentido, defendió la participación y alertó de que "ya está bien" de que se critique el intervencionismo.
Asimismo, tuvo palabras para el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Juan Ramón Quintás, al que censuró por "decir que las comunidades autónomas son un freno para la buena marcha" de las cajas.
Precisamente, y tras la insinuación del líder del PSdeG, Manuel Vázquez, de que el presidente gallego "pactó" con Quintás la fusión con las cajas gallegas, el portavoz nacional del Bloque ironizó que su formación "no se mueve por sospechas ni tiene detectives privados" y avisó a PPdeG y PSOE de que "tienen que pronunciarse".
"¿Qué postura tienen?", lanzó Guillerme Vázquez, quien interpretó que "aquí (en Galicia) tienen que disimular" porque "en Madrid actúan al contrario". En este sentido, apostó por que abandonen "el doble juego" y digan definan "qué quieren". Sobre este aspecto, concluyó de que un pacto PP-PSOE en este asunto, no supondría tanto excluir al BNG como "dejar fuera los intereses de Galicia".
