LUGO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Diputación de Lugo, el nacionalista Antón Bao, ha denunciado este viernes que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Lugo, aprobado el jueves, está "bajo sospecha legal".
El BNG fue el único grupo que se opuso a la aprobación del documento, en el pleno celebrado el jueves en el que socialistas y populares sumaron sus votos (21) para que saliera adelante.
Han pasado trece años desde que se iniciaron las primeras gestiones y ahora solo falta el visto bueno de la Xunta para una aprobación definitiva que se decidirá en otra sesión plenaria.
Bao, que es también concejal en el Ayuntamiento de Lugo y candidato a la Alcaldía, ha manifestado que este plan "es el único que nace estando antes en el juzgado de que se apruebe".
La titular del Juzgado Número 2 pidió la documentación del PGOM al gobierno presidido por el socialista José López Orozco para examinar posibles irregularidades denunciadas por una asociación. Además, Bao ha hecho referencia a otros contenciosos urbanísticos "contrarios" al gobierno municipal, como la paralización de varias obras en la ciudad por los juzgados.
Además, ha indicado que el planeamiento aprobado el jueves por PSOE y PP "se puede convertir en una hipoteca para Lugo". "A partir de este documento urbanístico lo único que se refleja es una afán constructivo que no se corresponde ni con la realidad socioeconómica presente de Lugo, ni con el modelo de desarrollo para Lugo acorde con la mejora de los barrios lucenses y de la zona rural", ha subrayado.
"PRIMA INTERESES POLÍTICOS"
"El PP y el PSOE aprobaron un plan que no va a responder a los intereses generales de Lugo, sino que prima intereses políticos de ambos partidos que se repartieron ese plan para aprobarlo, quitárselo del medio y responder a intereses particulares que no benefician a la mayoría de los lucenses", ha lamentado el nacionalista.
Antón Bao considera este plan "excesivamente expansionista", que prevé "construir en cualquier esquina de la ciudad, Y condena además la posibilidad de dotar de más servicios a los barrios y de más zonas verdes". "A los vecinos del rural los trata como ciudadanos de segunda categoría", ha afirmado sobre el nuevo documento urbanístico de Lugo, que el gobierno local espera que tenga una vigencia de 15 años.
