El BNG pide que la Diputación de Ourense destine el aprovechamiento urbanístico de Finca Santamariña a vivienda pública

Actualizado: martes, 6 mayo 2008 20:46

Afirma que la venta de la finca "metió a la Diputación en el negocio especulativo" y que Baltar "tiene ahora que compensar"

OURENSE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial del BNG solicitó que la Diputación de Ourense destine el aprovechamiento urbanístico que le corresponde en la Finca Santamariña a vivienda social y de promoción pública para "compensar" a los ourensanos por la transacción de los terrenos a la inmobiliaria catalana Flager, actual propietaria de dicha finca.

Los tres diputados provincial del BNG con representación en la Diputación, Isabel Pérez, Xosé Manuel Férvida y Alfonso Grande, comparecieron hoy en una rueda de prensa para presentar ante los medios de comunicación una moción que fue registrada para tal fin en la institución provincial ourensana.

Los nacionalistas afirmaron que el área de reparto que fue aprobada en el año 2003, y que se encuentra recogida en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), incluye la Finca Santamariña, además de otras dos Fincas: Miramón y Casar. De estas dos últimas es propietaria la Diputación ourensana, a quien también le corresponde un porcentaje de la Finca Santamariña, incluidos los terrenos donde la actual propietaria, Flager, prevé destinarlos a uso comercial.

La diputada provincial Isabel Pérez aseguró tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que da por buena la venta de la Finca Santamariña a Flager por parte de la Diputación, ahora es "el turno de compensar" a los ciudadanos por lo que calificó como "deshecha y desprecio" por la transacción de la finca.

En este sentido, Isabel Pérez explicó que "sólo así" con un "gesto de este estilo" por parte del presidente de la institución provincial, el 'popular' José Luis Baltar, la Diputación y el PP "daría una muestra de tener sensibilidad con los ciudadanos que no tuvieron en todo este proceso". "Si nuestra moción se apoya puede no hacer lo que queríamos pero sí utilizar a la finca en beneficio de una mayoría y no los intereses privadas", afirmó la diputada.

La transacción de la Finca Santamariña a Flager se realizó a través de un convenio entre la inmobiliaria catalana, la Diputación y el Ayuntamiento de Ourense en el año 2001. Hasta hace poco más el proceso estaba paralizado por los tribunales y ahora el alto tribunal gallego dio el visto bueno a la venta de los terrenos.

NEGOCIO ESPECULATIVO.

Los nacionalistas señalaron que con esta operación la Diputación de Ourense "metió de lleno a la ciudad de Ourense en el negocio especulativo de la construcción" y que "ahora es el momento de que Baltar muestre sensibilidad hacia la ciudadanía" con la construcción de vivienda pública.

En este sentido, Xosé Manuel Fírvida aseguró que la operación significó una "venta lesiva de los intereses público de los ciudadanos de Ourense en general" porque "perdieron la posibilidad de tener un gran parque verde de más de 17 hectáreas en la que se podrían haber construido dotaciones" mientras que en la actualidad "va a formar parte de la especulación urbanística de la construcción".

El diputado nacionalista aseguró que Baltar "metió de lleno a la Diputación en el negocio especulativo de la construcción" porque "negoció con Flager" el aprovechamiento urbanístico que "le correspondía a la Diputación" mientras que "esto no supone ningún aprovechamiento social para la ciudadanía en general".

AREA DE REPARTO.

El área de reparto 39E del PGOM que incluye la Fincas Santamariña, Casar y Miramón cuenta con una extensión total de 178.000 metros cuadrados. De estos, las dos últimas fincas ocupan un 40 por ciento de extensión y la única propietaria de las mismas es la Diputación, que también tiene un porcentaje en Santamariña.

Por ello, el BNG presentó una moción que será debatida en el pleno de la Diputación a finales de este mes de mayo, en la que demanda que los aprovechamientos urbanísticos con los que cuenta en la actualidad la institución provincial sean destinadas a vivienda pública.