Recuerda que los afectados "denunciaron" las "continuas especulaciones inmobiliarias" e "ilegalidades" en los municipios
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario del BNG presentó una pregunta al Congreso de los Diputados para saber si "se descartó" la relación entre las agresiones del año pasado a cargos públicos del BNG en los municipios pontevedreses de Gondomar y Nigrán y las tramas urbanísticas en el primero.
Así, la diputada nacionalista por Pontevedra Olaia Fernández recordó que en 2006 dirigió sendas iniciativas parlamentarias relativas a las "reiteradas" agresiones que sufrió el concejal del BNG en Nigrán David Giráldez y los también concejales nacionalistas en Gondomar Domingos Solla y Manuel Pereiro.
Añadió que los nacionalistas "siempre" relacionaron los "ataques de barbarie" con "posibles corrupciones urbanísticas", ya que los tres cargos "denunciaron" las "continuas especulaciones inmobiliarias" y las "ilegalidades" de los municipios.
Por otra parte, indicó que en marzo de 2006, cuando las investigaciones estaban "en marcha" y "antes" de que se hiciesen públicos los resultados de las pesquisas, el subdelegado del Gobierno de Pontevedra, Delfín Fernández, "se atrevió" a declarar que los "actos violentos" contra los cargos del BNG "no guardaban ninguna relación" con cuestiones urbanísticas y "sostuvo" que los "sabotajes" podían deberse a "venganzas personales".
"NEXOS DE UNIÓN"
Olaia Fernández señaló que, en una respuesta por escrito con fecha del 27 de abril de 2006, el Gobierno argumentó que "no podía pronunciarse", ya que las diligencias judiciales continuaban.
A continuación, la diputada nacionalista indicó que la detención de dos concejales del PP en Gondomar "puso al descubierto" la "existencia real" de "tramas urbanísticas" con "cobro de comisiones". Instó al Gobierno a que la investigación "profundice" en esta línea, puesto que se trata de "los mismos lugares" donde David Giráldez, Domingos Solla y Manuel Pereiro "fueron víctimas de agresiones y ataques".
Asimismo, los nacionalistas demandaron los resultados de las investigaciones sobre las agresiones del año pasado, y saber si la Fiscalía investigará si existen "nexos de unión" entre las mismas y las "corrupciones urbanísticas". Por último, preguntaron al Gobierno si "está dispuesto" a "llegar hasta el fondo" de este tipo de "ilegalidades urbanísticas".
