CIG ve que el fallo sobre centros que segregan prueba que la Xunta actúa "al servicio de la ideología más reaccionaria"

Actualizado: lunes, 7 julio 2014 18:28

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, ha manifestado, tras conocer la sentencia que anula los conciertos educativos de la Xunta con cinco colegios privados de A Coruña y Pontevedra de educación diferenciada, evidencia que la Consellería de Educación "actúa al servicio de la ideología más reaccionaria".

En un comunicado, Louzao ha incidido en este extremo y ha cuestionado que el Ejecutivo autonómico "no tenga ningún reparo en emplear dinero de todos" los gallegos para impulsar modelos educativos "ultrareaccionarios" que son "un obstáculo" para avanzar "en la igualdad de género" y en la "no discriminación" de hombres y mujeres.

Louzao ha añadido que este comportamiento de Educación "dedicando de manera perversa e ilegal dinero público a fomentar centros que discriminan el alumnado por razón de sexo es un motivo más para reclamar su dimisión".

"Estamos ante un uso fraudulento de los recursos públicos que tiene como responsable último al propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo", ha aseverado, al tiempo que ha subrayado que "lo lógico y normal" sería que la Consellería "exigiese la devolución de las cantidades" con las que subvencionó "irregularmente a los centros Peñaredonda, Montespino, Aloya, Acacias y Montecastelo.

La CIG-Ensino también ha presentado recurso contra la orden de 2013, denunciando que la Consellería, en vez de atender "a la jurisprudencia existente" y actuar en consecuencia, opta por la "decisión interesada y claramente favorable a estas patronales privadas ligadas al Opus Dei, de mantenerles el concierto, incluso antes de la aprobación de la Lomce, despilfarrando los recursos públicos de todos".

Por último, ha concluido que también queda en "evidencia" que la aprobación de la Lomce obedecía, entre otras cuestiones, al deseo de los gobiernos del PP de "darle cobertura legal" mediante una ley orgánica a lo que considera modelos educativos "reaccionarios y obsoletos". Así, ha vuelto a reclamar que no se aplique esta ley.

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