La comisión Xunta-municipios apoya la Lei de Servizos Sociais pero PSOE y PP rechazan los porcentajes mínimos de gasto

Actualizado: miércoles, 27 febrero 2008 19:31

Los representantes socialistas y 'populares' de la Fegamp votan en contra de que se obligue a dedicar un mínimo a políticas de bienestar SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Galega de Cooperación Local, participada por la Xunta y por la Fegamp, aprobó hoy por unanimidad un informe favorable al anteproyecto de Lei de Servizos Socias. No obstante, los representantes de PPdeG y PSdeG en la federación de municipios emitieron un voto particular en contra del artículo que obliga a las administraciones autonómica y locales a invertir un porcentaje mínimo en políticas de bienestar.

En un comunicado, el departamento dirigido por el nacionalista Anxo Quintana explicó que el representante del BNG en la Fegamp, el alcalde de Allariz, Francisco García, sí respaldó la totalidad del articulado de la norma, al igual que todas las consellerías del Gobierno gallego. De este modo, se mantienen las diferencias entre algunos alcaldes y el Ejecutivo, en torno a la financiación de los servicios.

Según el proyecto, tanto la Xunta como las corporaciones locales deberán invertir al menos el siete por ciento de su presupuesto e materia social, un punto más de lo que obliga la ley vigente. Los ayuntamientos de menos habitantes tendrán que gastar el seis por ciento, aunque podría rebajarse al cuatro por ciento si se asocian para la dotación de estos servicios.

A pesar de las diferencias, el Gobierno decidió incluir un último punto en este artículo, para plasmar su compromiso de "corresponsabilizarse" del cumplimiento de los objetivos. En este sentido, se establece que el Ejecutivo "prestará especial atención" a los municipios que demuestren "dificultades objetivas" para alcanzar estos porcentajes mínimos. Así, apuesta por garantizar "su suficiencia financiera para el ejercicio de sus competencias" o asegurar la prestación de los servicios "a través de fórmulas de cooperación interadministrativa".

DISCREPANCIAS.

Por su parte, la Fegamp emitió un comunicado en el que valoró los "avances" alcanzados pero reiteró su rechazo a que estén obligados a dedicar un porcentaje mínimo a bienestar. "Este tiempo que nos dimos no fue estéril, ya que una mayoría de las consideraciones de la Fegamp fueron recogidas", aseveró el presidente del órgano y alcalde de Ames, el socialista Carlos Fernández.

Sin embargo, mantuvo el argumento de que la norma implica una "invasión de competencias" y consideró que existe una "discrepancia de fondo" basada en una "cuestión de principios". A su juicio, el establecimiento de un mínimo a gastar "determina la acción de gobierno y limita la autonomía de los ayuntamientos sobre sus presupuestos", por lo que adujo que supone "una injerencia grave en su autonomía".

De hecho, advirtió de que, de extenderse esta práctica a otros departamentos autonómicos, "porcentaje a porcentaje acabarían repartiéndose virtualmente el presupuesto municipal". La ley se encuentra en trámite administrativo y, tras recibir todos los informes --de la Asesoría Jurídica o del Consello Económico e Social--, debe ser aprobada por el Consello de la Xunta. Una vez logre el visto bueno pasará al Parlamento, donde serán los grupos los encargados de, si lo consideran oportuno, introducir modificaciones y dar la luz verde definitiva.