La investigación, que comenzó por una denuncia ante la Policía Nacional en Madrid, se inició hace varios meses y se derivó a Galicia
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La denuncia contra Blusens por la comercialización de los aparatos WebTV, y por la que permanecen investigadas cinco personas --entre ellas el dueño de la empresa, José Ramón García-- partió de una denuncia presentada por Egeda, Sociedad de Servicios para los Productores Audiovisuales.
Fuentes conocedoras de la investigación, que instruye ahora el Juzgado número 3 de Santiago con la causa bajo secreto, han confirmado a Europa Press que, tras ser admitida la denuncia, Mediapro y La Liga, se han personado en calidad de "perjudicados".
La denuncia fue presentada inicialmente en la Policía Nacional de Madrid por parte de la Egeda hace varios meses y a raíz de la cual se inició la investigación. Previamente, la entidad que asocia a productores audiovisuales había realizado varias comprobaciones sobre el funcionamiento de los aparatos.
Los denunciantes realizaron varias comprobaciones y aportaron el aparato como prueba, además de realizar un relato de las sospechas que tenían de como se accedía a los contenidos audiovisuales, investigación que asumió después la Policía y que posteriormente fue trasladada al juzgado.
La investigación que sigue el juzgado se hace por un supuesto delito contra la propiedad intelectual. Los denunciantes presentaron la demanda contra los propietarios y administradores de Blusens Technology, una compañía gallega que quebró y cuyo propietario está al frente de Visualiza Business.
CINCO INVESTIGADOS
Actualmente, los investigados en la causa contra un supuesto delito de propiedad intelectual por los aparatos WebTV se elevan a cinco personas. Tres de ellos, entre los que se encuentra el propietario, fueron detenidos en Galicia; uno en Andalucía; y un quinto no llegó a ser arrestado y fue localizado en Barcelona.
Tras pasar a disposición judicial, el fundador de la empresa gallega de electrónica Blusens quedó en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial de forma periódica y con la retirada del pasaporte, tras haber sido detenido en relación a un supuesto delito contra la propiedad intelectual y organización criminal.
El producto --con la referencia actual-- se comercializan desde hace unos dos años y en tienda tiene un precio que oscila entre los 90 y los 130 euros en función de la oferta vigente. Actualmente, está prohibida su venta y se ordenó la retirada de los lineales comerciales.
