MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales negociará a lo largo de este mes con las comunidades autónomas la aportación que deberán realizar al futuro sistema nacional de la dependencia, según informaron a Europa Press en fuentes socialistas.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 23 un informe sobre el anteproyecto que eleva el coste del sistema a más de 9.000 millones de euros en 2015. Actualmente, el gasto en dependencia se sitúa en 2.000 millones, por lo que está previsto que el Estado y las comunidades autónomas cubrirán a partes iguales unos 4.000 millones extras. El resto será aportado por el usuario, en función de su renta y su patrimonio.
A partir de ahora, el Gobierno y las administraciones autonómicas deben valorar la inversión que realizan actualmente cada comunidad y en función de ello estimar los recursos que se deben aportar a lo largo de los próximos años.
De manera simultánea, el departamento de Caldera remitirá el anteproyecto de Ley al Consejo de Estado y al Consejo Económico y Social y previsiblemente se dará luz verde al texto en el mes de febrero para su tramitación por las Cortes.
MAYOR ESFUERZO DEL GOBIERNO
A pesar de los cálculos del Gobierno, el Ministerio de Trabajo deberá negociar las aportaciones de las autonomías. Algunas, como la Generalitat de Cataluña advierten de que el Gobierno debe hacer un mayor esfuerzo económico y superar el 50 por ciento estimado.
La consejera de Bienestar y Familia de la Generalitat, Anna Simó, valoró en declaraciones a Europa Press que el Gobierno tiene más capacidades fiscales y además obtendrá beneficios a través de las cotizaciones de los cerca de 300.000 empleos que se prevén crear para atender a las personas dependientes.
Mientras tanto, el PP acusa al Gobierno de falta de diálogo y cuestiona la cobertura que ofrecerá el sistema en virtud de los cálculos del Gobierno. Además, exige mayor concreción al sistema de aportaciones de los ciudadanos. Por ejemplo, fuentes populares no entienden que se aplique una aportación en función de la renta para el servicio de la teleasistencia.
El Gobierno espera alcanzar un pacto, pero Jesús Caldera ya advirtió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que "el acuerdo es deseable, pero no indispensable". "Estamos construyendo un sistema nacional de la dependencia y yo no me imagino que alguna comunidad autónoma no quiera participar, porque tienen competencias en materia de atención social", subrayó.
En cualquier caso, el Gobierno prevé que el futuro sistema nacional de la dependencia entrará en vigor el 1 de enero de 2007. A partir de ese momento empezarán a recibir asistencia un total de 20.000 personas con problemas de gran dependencia y se calcula que el usuario aportará entre el 30 y el 35 por ciento de la financiación
El futuro sistema priorizará la prestación de servicios (ayuda a domicilio, centros de día y de noche, teleasistencia, ayudas técnicas y plazas residenciales entre otros) y, en los casos en los que no fuera posible prestarlos, los beneficiarios percibirán una prestación económica vinculada a la contratación de un servicio en el mercado privado.
Por otro lado, se prevé regular la figura de los cuidadores familiares, que percibirán una prestación económica (en su mayoría mujeres) y se incorporarán a la Seguridad Social. Sobre este punto, el ministro calcula que para 2015 recibirán este tipo de ayudas, entre 300.000 y 400.000 personas. También se prevé la puesta en marcha de 275.000 plazas de residencia (tres veces más que en la actualidad).
El sistema tendrá una financiación "estrictamente presupuestaria" aunque la futura ley permitirá al Estado recibir retornos económicos de la Seguridad Social procedentes de prestamos concedidos en el pasado al sistema de pensiones y de la sanidad pública, cuando su gestión era común.
