Los ocupantes se realojarán temporalmente en el propio poblado porque el ayuntamiento no resolvió la problemática del realojo
PONTEVEDRA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento del municipio pontevedrés de Poio materializó hoy el derribo de dos de las nueve chabolas del poblado gitano de O Vao que deben de ser demolidas antes de noviembre según recoge una sentencia que obliga a derribar las viviendas construidas ilegalmente en el citado lugar.
Del total de once viviendas afectadas, el pasado 20 de abril se demolieron dos, siendo realojadas las familias gitanas afectadas en pisos de alquiler en Marín. Hoy, en medio de un discreto operativo policial que no intervino, se procedió a la demolición de dos viviendas más, cuyos ocupantes se realojarán temporalmente en el propio poblado de O Vao, ya que al ayuntamiento aún no le fue posible resolver la problemática del realojo.
El alcalde de Poio, el nacionalista Luciano Sobral, intensificó y aceleró en los últimos días los contactos con las familias afectadas, en el empeño de llegar a acuerdos que posibiliten los derribos sin que se produzcan altercados de orden público.
"Aspiramos a resolver este problema de forma pactada para que tengamos el menor conflicto posible, lo que de momento van dando buenos resultados", manifestó hoy el alcalde mientras seguía, desde el propio lugar, los trabajos de demolición de las dos viviendas con cuyos ocupantes consiguió llegar a un acuerdo para que voluntariamente abandonasen sus casas.
SIETE DERRIBOS PENDIENTES.
Por el momento, quedan aún pendientes siete derribos que, por orden judicial, habrán de ejecutarse hasta el 31 de octubre, y aún en todos estos casos el diálogo del alcalde con los afectados no dio resultados positivos.
Los dirigentes del colectivo gitano asentado en O Vao eximen de responsabilidad al alcalde, y responsabilizan de su problemática a la dirigente vecinal Carmen Esperón, quien desde hace años lucha por eliminar el asentamiento gitano de O Vao.
Precisamente, la resolución judicial que ordena el derribo de las viviendas ilegales fue consecuencia del proceso judicial entablado por la Asociación de Vecinos de O Vao, que dirige Carmen Esperón.
