Los proveedores afectados estudiarán con un abogado las posibles medidas a realizar
VIGO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los trabajadores afectados por el cierre de la empresa Marbar, con sede en Tomiño (Pontevedra), quienes recibieron una carta de despido, presentarán sus denuncias en los juzgados vigueses a partir de hoy y convocarán una manifestación para el próximo viernes.
En declaraciones a Europa Press, el miembro de CIG-Construcción Xulio Vicente explicó que los 56 empleados de la empresa, perteneciente a un grupo dedicado la promoción, construcción de edificios y al sector del granito, se reunieron ayer en A Guarda con un abogado de la CIG que les informará al respecto de la interposición de estas denuncias, con el objetivo de que se puedan presentar en los juzgados vigueses "a partir de mañana".
Aún así, Vicente explicó que se deberá hacer un análisis "en profundidad" de la documentación, puesto que "el 80 por ciento de los contratos están en fraude de ley", sobre todo en lo que respecta a la antigüedad. "Hay algún caso de un empleado que llevaba 15 años y sólo le figuraba uno", denunció. Por ello, afirmó que en el caso de que no fuera posible presentarlas hoy, se hará "en los próximos días".
Mientras tanto, los 56 trabajadores de la empresa permanecen encerrados por tercer día en la nave de la parroquia tomiñesa de Tebra donde se turnan en guardias para evitar que se trasladen los bienes que todavía quedan en las instalaciones, entre los que figuran "furgonetas, una pala y piedra preparada para entregar", según precisó uno de los trabajadores, José Pereira, quien resaltó la necesidad de vigilar el material "hasta que llegue una orden de embargo", ante la posibilidad de que los pagos se tengan que realizar con esos activos.
Además, también explicó que los trabajadores acordaron manifestarse el mediodía del próximo viernes, a pesar de que todavía está por concretar si será en las inmediaciones de la nave o en el centro de Tomiño.
SIN NOTICIAS DEL DUEÑO.
Pereira explicó que el hijo de Manuel M.B., dueño de Marbar, que lleva en paradero desconocido desde el viernes, acudió por la noche a la nave para decirle a los trabajadores que "lo quería arreglar lo mejor posible", palabras de las que el empleado mostró sus "dudas".
Sin embargo, los trabajadores todavía no tienen noticias sobre donde se encuentra el propietario, puesto que las cartas de despido fueron firmadas por su hijo, quien tiene un poder.
Por su parte, la Consellería de Traballo y la Inspección permanecen a la espera de las disposiciones judiciales que se deriven del cierre de la empresa, de la que ayer levantó acta la autoridad laboral.
Según estos departamentos, el cierre de la empresa fue certificado "sin comunicación, si regulación de empleo ni despido colectivo". Asimismo, explicaron que los trabajadores recibieron una carta de despido y el certificado de empresa "a través de una asesoría laboral de la empresa, aunque se desconoce quién tomó la iniciativa para que se hiciese la comunicación, dado que el dueño sigue desaparecido".
Finalmente, Traballo recordó que, una vez que los servicios jurídicos de los trabajadores actúen al respecto, será el juez el encargado de estudiar todas las consecuencias del cese de actividad sin comunicación.
PROVEEDORES.
Además de los trabajadores afectados, existen más de una treintena de empresas proveedoras del grupo Marbar, que, según la CIG emplearían a unas 300 personas, que se pueden ver perjudicadas por el cierre de la empresa, debido a las cantidades que tienen pendientes de cobro.
Según el sindicato, hay dos empresas que tendrían pendientes de cobro unos 400.000 euros cada una además de "entre cuatro y cinco que, de no encontrarse una solución, irán a la quiebra" y que serían las relacionadas con trabajos relacionados con la estructura de los edificios.
Así, unos 30 de representantes de estas empresas afectadas mantuvieron un encuentro hoy en Tomiño en el que acordaron ponerse en contacto con un abogado para "consultar el camino a seguir que más interese", explicó uno de los afectados y propietario de Bodeal S.L., José María Hidalgo.
En este sentido, destacó que se tendrá que estudiar la conveniencia de actuar de forma conjunta o individual, si bien incidió que "en principio, hacerlo de forma conjunta tendría más presión social".
Por su parte, desde otra de las empresas afectadas, la tudense Construcciones Hermanos Núñez, incidieron en la necesidad de actuar "cuanto antes mejor" ya que "para casi todas las empresas habrá problemas de viabilidad" debido a los pagos que tienen pendientes de cobro.
