Los imputados se retractaron de declaraciones anteriores y aseguraron desconocer el origen de los hechos que se saldó con varios heridos
PONTEVEDRA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los dos clanes de etnia gitana que protagonizaron una pelea en el mercadillo de Cambados (Pontevedra) en noviembre de 2004, que se saldó con varios heridos por arma blanca, guardaron silencio en la primera sesión del juicio que comenzó hoy en la Audiencia pontevedresa contra cuatro jóvenes, relacionados familiarmente, aunque pertenecen a dos clanes enfrentados entre sí.
Sin embargo, pese a las rencillas, y a que hoy acudieron a presenciar el juicio numerosos miembros de ambas partes, no hubo el más mínimo incidente ya que Olegario Jiménez, el 'Rey de los gitanos', acudió también a controlar la primera jornada del juicio que se limitó a la declaración de los procesados.
Los hermanos Ángel Jesús y Ricardo Jiménez Borja, del asentamiento gitano de Cornazo, y Enrique Díaz Jiménez y Juan Jesús Jiménez, del poblado gitano de Rubianes, se hicieron mutuas imputaciones en las declaraciones iniciales ante la Guardia Civil y en el juzgado de instrucción.
Pero hoy, en el juicio rectificaron y aseguraron no saber "nada" del origen de la pelea, registrada el 24 de noviembre de 2004 en el mercadillo ambulante de Cambados, con el resultado de varios heridos por arma blanca.
En el caso concreto del principal encausado, Ángel Jesús Giménez Borja, a quien la Fiscalía imputa dos delitos de homicidio frustrado por apuñalar a su primo y la esposa de éste, este joven, que entonces tenía 18 años de edad, aseguró no saber nada de la pelea. "Alguien me pegó un palo en la cabeza, quedé inconsciente y cuando recobré el conocimiento estaba en el hospital", aseguró.
Lo único que todos admitieron fue que, efectivamente, las relaciones entre los dos clanes no eran buenas, y que en los últimos días "se habían crispado más" porque la familia asentada en Cornazo acusó a sus parientes de Rubianes de "reventarles un funeral".
SEGUNDA SESIÓN
El juicio continuará mañana con el interrogatorio a los numerosos testigos citados a declarar en este juicio, que abogados y fiscal intentaron evitar negociando infructuosamente un acuerdo de conformidad.
Los acusados se niegan a admitir la más mínima responsabilidad en el suceso, por el que la Fiscalía solicita penas que suman 21 años de prisión para el principal encausado, y seis años de cárcel para los restantes procesados, además de importantes indemnizaciones y órdenes de alejamiento.
