Un promotor denunció a Áurea Soto y a un funcionario por utilizar "un informe falso"
OURENSE, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La edil de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, imputada por posible prevaricación en la concesión de licencia de ocupación a la residencia universitaria, ha declarado este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad que contaba con informes de técnicos municipales que respaldaron esa concesión.
Soto fue denunciada por un promotor local tras quedar anulada esa licencia por una sentencia del juzgado contencioso-administrativo de Ourense.
La concejala y un funcionario jurídico, imputado como colaborador necesario, han declarado ante el mismo juez que la edil pretende recusar en otro proceso abierto contra ella y toda la Junta de Gobierno que adjudicó las obras de la calle Bedoya.
Según ha explicado la propia Soto a la salida del juzgado tres horas después de entrar, la declaración se alargó porque no había disponible una sala con sistema de grabación y, al tener que recoger todo por escrito, todas las partes tuvieron que pararse a detallar y revisar lo declarado.
La edil imputada ha detallado que la residencia universitaria fue inaugurada en 2001 por el alcalde Manuel Cabezas (PP) y funcionó de forma continua hasta que en 2009, cuando ella llevaba dos años como concejala de Urbanismo, "un promotor decidió denunciar que no había licencia de ocupación, tras perder el aprovechamiento urbanístico previsto".
Según Soto, ella concedió esa licencia de ocupación a la residencia universitaria en el año 2011, "tras el correspondiente depósito del dinero que costaban las obras de urbanización, que no estaban hechas, y con el respaldo de los informes técnicos pertinentes", y en caso de error, según la edil, este tema "sería propio de un juzgado contencioso-administrativo".
Por su parte, el representante legal del promotor denunciante, Antonio Feijóo Miranda, ha explicado a Europa Press que en su declaración de este miércoles, la concejala se basó en dos informes elaborados por la aparejadora municipal y un funcionario jurídico, y en el caso de éste último, "el informe es falso y elaborado a medida para utilizarlo como justificante, por eso está denunciando ese funcionario como colaborador necesario".
LOS INFORMES
Según la denuncia, existe un informe de mayo de 2005 elaborado por la arquitecta municipal en el que se indica que no se puede otorgar licencia de ocupación por no estar hechas las obras de urbanización, lo que impide cumplir los requisitos básicos, por ejemplo, de accesibilidad.
Otro documento "de hace un mes", ha añadido Feijóo Miranda, indica que "todo sigue igual", por lo que ha señalado que "no se entiende que le diesen la licencia, aunque tenga pagadas las obras que en el año 2000 costaban 162.000 euros".
Esa licencia de ocupación fue denunciada antes por vía administrativa y anulada por una sentencia del juzgado contencioso-administrativo hace unas semanas.
Según el abogado del demandante, se presentó después denuncia por vía penal "porque no se trata de una ilegalidad que es una mera irregularidad", sino que es "una patente y manifiesta prevaricación como una casa".
"La residencia universitaria debería estar ya cerrada, pero sigue abierta pendiente de la ejecución de la sentencia y el promotor no lo va a pedir, sino todo lo contrario, pues forma parte de la junta de compensación con otra veintena de propietarios y ya presentaron en el Ayuntamiento un proyecto para urbanizar esos terrenos, consolidar los derechos de los propietarios y, encima, dejar arreglado así el problema de la residencia abierta ilegalmente", ha advertido.
DECLARACIONES DEL FUNCIONARIO Y EL DENUNCIANTE
También han declarado este miércoles el funcionario jurídico cuyo informe fue favorable a la concesión de la licencia de ocupación y el denunciante, quien, según su letrado, pedirá que se tome testimonio de otros funcionarios y varios peritos de parte, en cuanto el juez lo permita.
"Queremos demostrar que no es habitual que se conceda una licencia de ocupación siempre que se ingresa el coste de las obras de urbanización, pues esto es una barbaridad jurídica que, según la edil de Urbanismo, es un proceder habitual, aunque sí es cierto que puede haber algún caso", añadió el abogado.
QUERELLAS "PREPARADAS PARA IMPUTAR A POLÍTICOS"
Por su parte Áurea Soto, además de explicar sus argumentos ante el juez, ha aludido a las denuncias del mismo promotor como ejemplo del uso que "los especuladores hacen de los juzgados penales para atacar a los que no se someten, con querellas suficientemente adornadas y hechas con dinero, preparadas para imputar a políticos".
Además, ha preguntado si no es posible que esté "en juego el Estado democrático cuando gente con dinero puede sacar y poner políticos". Soto se ha referido a otra denuncia, presentada por los representantes sindicales de USO y CIG en el Ayuntamiento, por la entrada como trabajadores laborales de profesionales contratados como asistencias técnicas y que denunciaron ante el juzgado tras finalizar sus contratos.
Soto ha dicho que, de haber permitido "la compatibilidad que pidió el funcionario delegado de CIG", los seis ediles del PSOE que votaron en contra no tendrían ahora "una querella penal por las asistencias técnicas" y ha lamentado que el cargo público que ocupan ella y los demás imputados les "obligue" a este "paseíllo judicial".
La concejala se ha referido también a la continuidad de cargos públicos del PSOE imputados en las juntas de gobierno local y ha defendido la presunción de inocencia "tal como recomienda lo ocurrido con el tema de los paneles, que resultó ser un cuento chino". Dos sentencias, ha añadido, absolvieron a todos los imputados y ahora -por este martes- otra que dice que no existió responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.
"Condenar a la gente antes de presentar pruebas, cuando aún se está investigando, ocurría en las películas que veía de pequeña, aquellas de cuando gobernaba Franco, y ahora me lo encuentro otra vez", ha protestado.
