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Aduanas señala "un fraude a un ente público" al "concertarse con uno de los licitadores para presuntamente manipular ofertas presentadas"
SANTIAGO/LUGO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
Obreros de una empresa adjudicataria de unas obras de mejora de la capacidad hidráulica otorgadas por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil realizaron trabajos de reforestación "presumiblemente a título gratuito" en una finca el entonces presidente del ente, Francisco Fernández Liñares.
Así consta en un informe de Vigilancia Aduanera sobre "actuaciones presuntamente delictivas realizadas por Francisco Fernández Liñares, presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, relativas a las adjudicaciones asignadas a la entidad Forestación Curro S.L.", incluido en el sumario de la 'Operación Pokémon', al que tuvo acceso Europa Press.
En concreto, el informe recoge una resolución de la CHMS sobre obras de mejora de la capacidad hidráulica de desagüe mediante actuaciones sobre la vegetación del cauce y zona de servidumbre en ríos de la provincia de Ourense y Pontevedra, adjudicadas a Forestación Curro S.L., con una oferta económica de 227.210,51 euros. Aduanas apunta que, según escuchas telefónicas autorizadas, obreros realizaron el 13 de abril de 2012 "trabajos de reforestación en fincas que Liñares posee en el municipio de Castroverde" (Lugo).
Haciendo referencia a unas conversaciones telefónicas interceptadas y vigilancias efectuadas, Aduanas señala que "se desprende que entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 y entre marzo y abril de 2012, obreros de la empresa Forestación Curro S.L. a las órdenes de Daniel B.F. realizan trabajos de reforestación presumiblemente a título gratuito en fincas propiedad de Liñares, incluyendo la compra de los árboles que van a replantar".
Aduanas precisa que en una conversación de Liñares con Daniel B.F. el segundo le facilita el teléfono del vivero para que "le diga que le metan el eucalipto especial, que después ya habla él con ellos para que se lo giren a él".
El informe de Vigilancia Aduanera señala que Daniel B., cuya esposa e hija figuran como socias/administradoras de la empresa Forestación Curro S.L., "no solo se encarga de realizar y supervisar esos trabajos de reforestación, sino que efectúa varios regalos a Liñares y a otro funcionario de la Confederación conocido como José A.S., además de invitar a comer a ambos" el 2 de marzo de 2012 en un restaurante de As Neves (Pontevedra) y el 4 de mayo en otro de O Carballiño (Ourense).
PRESUNTO CONCIERTO PREVIO
Así, Aduanas indica en su informe que "parece deducirse un presunto concierto previo entre Daniel B.F. y el que en esas fechas fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, a la hora de concurrir a contratos de obra licitados por este organismo".
Además, indica a este respecto "que es posible que las mismas empresas concurrentes acordaran un reparto de las obras, ya que en la mayoría de estos expedientes únicamente se establece como criterio de valoración el precio".
"En virtud de lo anterior, y la presunta actividad delictiva desarrollada por los investigados, teniendo en cuenta que no se ha garantizado el cumplimiento de los criterios legalmente establecidos en los procesos de contratación pública", Aduanas considera que "existe un concierto entre los interesados, que uno de los sujetos activos ostenta la condición de funcionario público, que existe un fraude a un ente público puesto que, al concertarse con uno de los licitadores para presuntamente manipular las ofertas presentadas, se estaría quebrantando los principios de transparencia de la licitación".
Añade el informe que eso "rompe con los principios de igualdad y transparencia que debe de regir la misma y que, evidentemente, va a suponer un perjuicio económico a la Administración al eliminarse la posibilidad de que el contrato se pudiese, en su caso, adjudicar a la empresa que haga la oferta más ventajosa para la Administración".
A raíz de ello, considera que existe "un tráfico de influencias para la obtención de un resultado". La investigación concluye al respecto, que se trata de "la presunta comisión de los delitos de prevaricación, fraudes y exacciones ilegales, falsedad documental y tráfico de influencias, entre otros".
