SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PPdeG subrayó hoy que Galicia ya goza de un grado de autogobierno "comparable o superior" al de cualquier nacionalidad, comunidad o región europea y destacó que el proceso de revisión estatutaria se trata de una "reforma" y no de un proceso constituyente "propiamente dicho".
En un acto en Lugo, los diputados Carmen Janet Salgado, Susana López Abella y Dámaso López, destacaron que el la reforma estatutaria "no puede perder de vista" el marco constitucional. Así, anunciaron que su partido rechazará cualquier propuesta que pueda conducir a un "nuevo conflicto jurídico" ante el Tribunal Constitucional, como en el caso catalán.
No obstante, indicaron que el PPdeG quiere llegar a un "consenso" entre las fuerzas políticas gallegas para definir el marco institucional "de convivencia". Sin embargo, apostaron por profundizar en el autogobierno como un "instrumento" encaminado a "mejorar" la calidad de los servicios de las instituciones autonómicas.
Los populares destacaron que el futuro texto debe establecer el volumen de financiación que le corresponde a Galicia según criterios "específicos" como la dispersión poblacional, la edad de los usuarios o los niveles medios de renta personal.
En este sentido, indicaron que "no comparten" el criterio de financiación en base a un porcentaje de participación en las inversiones estatales territorializadas, tal y como defiende el BNG. Así, apostaron por una cláusula de garantía de mínimos, un fondo específico para la dispersión con un mínimo de 200 millones anuales, una cláusula de solidaridad para mantener los actuales fondos de FCI europeos y un fondo específico para la emigración con un importe "no inferior" a 60 millones de euros al año.
También piden que se garantice inversiones "efectivas" del Estado en Galicia, con un compromiso presupuestario para los próximos cinco años de 2.500 millones. Entre las propuestas de los populares figura, también la de incorporar al texto una doble cláusula de garantía histórica que permita a Galicia asumir cualquiera de las competencias que la Constitución no reserva expresamente al Estado.
