Francisco Rodríguez y Áurea Soto citan mensajes del magistrado en redes sociales y su amistad con miembros del partido denunciante
OURENSE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El exregidor de Ourense Francisco Rodríguez y la edil de Urbanismo, Áurea Soto, presentaron en el juzgado un escrito de recusación contra el magistrado encargado de la causa que investiga la adjudicación de las obras en la calle Bedoya a la empresa OCA, Antonio Piña, al interpretar que tiene "enemistad manifiesta" hacia ellos.
El juez instruye las diligencias previas relacionadas con la denuncia presentada por Democracia Ourensana (DO) para que se investigue judicialmente la adjudicación de esas obras. Dentro de este caso ha sido imputada toda la Junta de Gobierno que aprobó el pliego de licitación para las obras de reforma en la citada calle.
El escrito de recusación, al que ha tenido acceso Europa Press, comienza con la petición de personación de ambos imputados en el proceso de instrucción, del que se enteraron "por la prensa". "Una semana después de salir publicado", protestan, aún no recibieron la notificación, algo que califican como "irregular actuación del juzgado y falta del debido respeto a los derechos" de los imputados por lo que instan a "la correspondiente investigación para depurar responsabilidades".
Además, expresan la "preocupación seria" ante las manifestaciones públicas de "cierto desprecio hacia los políticos" por parte del titular del Juzgado número 2 y aluden a esas expresiones en una red social mediante una cuenta a nombre del juez Antonio Piña.
En su escrito de recusación, Soto y Rodríguez consideran que la manifestaciones del juez podrían "estar muy próximas a una censura de los poderes públicos, sancionada como falta grave en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues el poder que la sociedad atribuye a los jueces debe ser correspondido con una autolimitación y moderación de los miembros del poder judicial en el ejercicio de sus derechos civiles".
Alegan también posible "falta de la necesaria objetividad" por la existencia de "estrecha amistad" entre el magistrado y Armando O., miembro del partido Democracia Ourensana --el que presentó la denuncia por la adjudicación de las obras-- y candidato en las listas de las últimas elecciones. Además, aseguran que ha realizado intervenciones "públicas y destacadas en defensa de ese partido en una televisión local privada".
Según los recusadores, al panorama, "ya revelador de una cierta animadversión en el ánimo del instructor", se suma la "existencia de algo más que simple relación de conocimiento o vecindad con un miembro del partido de los denunciantes".
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, se contempla la amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes como causa de abstención o motivo de recusación, según el escrito.
"Creemos que no es difícil deducir que el magistrado instructor de la causa incurre en enemistad manifiesta con estos miembros de la tan denostada clase política, a la vez que una amistad especial para con uno de los miembros más destacados del partido del que parte la denuncia que da lugar a la instrucción de la causa", añaden. Según el documento presentado, ambas circunstancias "comprometen seriamente" la necesaria imparcialidad del instructor.
MÁS RECUSADORES
Según fuentes municipales, el actual alcalde Agustín Fernández y otro imputado, el exedil de Medio Ambiente Demetrio Espinosa, estudian adherirse a este escrito.
Ambos firmantes, Francisco Rodríguez y Áurea Soto, fueron llamados a declarar por el juez Antonio Piña el próximo 26 de marzo por la mañana, igual que el exteniente alcalde del BNG en el año 2008, Alexandre Sánchez Vidal.
El resto de los integrantes de la Junta de Gobierno local de octubre de 2008 están llamados a declarar como imputados durante los días 27 y 28 de marzo y 2 de abril, junto con un técnico, mientras que tres empresarios imputados en la misma causa lo harán el día 24 de marzo.
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
Por otra parte, la Junta de Gobierno de Ourense reunida este jueves por la mañana, acordó entre otros temas, la apertura de un expediente disciplinario al funcionario y delegado sindical de CIG Javier García Gago por seguir impartiendo clases en el campus de Ourense después de que el pleno de diciembre de 2013 le denegase la compatibilidad entre ambas tareas. El motivo era que superaba "las retribuciones totales conjuntas de ambos puestos, el límite establecido en la Ley de incompatibilidades del personal público".
El acuerdo de incoar el expediente contó con la unanimidad de los presentes, que eran tres ediles del PSOE, dada la ausencia del alcalde, Agustín Fernández, y de la edil y presidenta de la comisión de Gobierno, Áurea Soto, ambos en situación de recusación aprobada en el mismo pleno, ante el expediente abierto por la solicitud de compatibilidad.
También se ausentó de la votación en la Junta de Gobierno local la edil del grupo de críticos Mónica Vázquez, una de las cinco que se ausentaron en aquella votación del 13 de diciembre porque habían firmado a favor de la compatibilidad del funcionario en uno de los folios del expediente.
