PONTEVEDRA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
Una familia del barrio pontevedrés de O Burgo, con una orden de desahucio y derribo sobre su vivienda, afectada por la Ley de Costas, que les obligaba a desalojar mañana la casa, ha logrado "in extremis" frenar esta medida al obtener la suspensión temporal de la medida.
La notificación, que se produjo esta mañana, fue recibida por los miembros de la familia con "gritos de alegría y llantos", según uno de sus miembros, Fátima Aboal, "porque las maletas ya estaban cerradas". Desde que tuvieron conocimiento del aplazamiento, los afectados han contactado con todos los colectivos y particulares que mañana tenían previsto concentrarse ante la vivienda de O Burgo para apoyar a la familia Aboal en el momento del desalojo.
Fátima Aboal recibió la noticia a través del abogado que representa a la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega. "Me preguntó cuánto tiempo tardaba en deshacer las maletas y no le entendía", explicó Fátima Aboal, "hasta que me dijo que ya no teníamos que irnos".
En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la familia agradeció el apoyo de los medios de comunicación, las 2.000 firmas reunidas en solidaridad a su situación, el respaldo de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas y su gabinete jurídico, así como los colectivos gallegos de afectados por esta legislación.
Por contra, criticó a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pontevedra, acusándola de "pasarse la pelota de unos a otros y lavarse las manos".
Por su parte, el departamento municipal que dirige la edil socialista Margarita Castejón manifestó en un comunicado que "la familia fue atendida por los Servicios Sociales en cuando fue comunicado el problema", a lo que añade que los Servicios Sociales "estarán a su disposición siempre que lo precisen, en las mismas condiciones que para el resto de pontevedreses".
PLATAFORMA NACIONAL
La presidenta de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, expresó su satisfacción por el aplazamiento temporal del desahucio y posterior derribo de la vivienda de la familia Aboal, calificándolo como "un gesto de buena voluntad por parte del Gobierno", que atribuye a la "presión social" de los colectivos de damnificados en toda España.
Para Carmen del Amo sería "sangrante" que la familia Aboal "se quedara en la calle a diez días de Navidad", por lo que expresó la voluntad de la Plataforma de "no dejar que nos toquen ni una sola teja por la mala gestión de la Administración durante 20 años".
También expresó su solidaridad con la familia Aboal el presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas de Marín, Enrique Acuña, que instó al Gobierno a "estudiar bien el caso antes de tomar una decisión que sería irreversible".
La vivienda sobre la que pesa la orden de demolición acoge a siete miembros de una misma familia, de los cuales tres son menores de 17, 7 y 3 años.
