Recuerdan que los delitos de lesa humanidad "no prescriben"
VIGO, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Memoria Histórica del 36 de Ponteareas y familiares presentaron hoy un recurso de apelación contra el auto del juzgado de instrucción número dos de O Porriño (Pontevedra), que archivó una denuncia por la detención ilegal y asesinato de cuatro canteros de Salceda de Caselas represaliados durante la Guerra Civil.
Según confirmó a Europa Press el abogado de la asociación, Marcos López, el recurso fue presentado hoy en el juzgado porriñés y será posteriormente trasladado a la Audiencia Provincial de Pontevedra, que deberá decidir si lo admite a trámite o no.
López explicó que tanto la asociación como los familiares creen que este recurso prosperará, ya que la principal causa del archivo fue la supuesta prescripción del delito. En ese sentido, el letrado recordó que "los delitos de lesa humanidad, como es este caso, no prescriben", y criticó que la sala de O Porriño "se limitó a abrir diligencias previas para archivar luego el caso sin haber hecho nada".
Así, recordó que hay una sentencia de una juzgado de Palencia, de este mismo año, en el que se ordena abrir una investigación a la Policía Judicial y a la Guardia Civil, comprobar la existencia de una fosa, y otras gestiones. A ese respecto, demandan que la justicia en Galicia también opte por esa vía, en lugar de "desentenderse" del caso sin "ni siquiera haberse molestado en comprobar si los represaliados están en la fosa denunciada -en la zona de San Salvador de Budiño, en O Porriño--".
ARCHIVO DE LA CAUSA
El juzgado porriñés archivó la denuncia debido a que los delitos denunciados han prescrito y "no existe probabilidad de que la investigación desemboque en un juicio oral". Además, rechaza que esos delitos puedan enmarcarse "en el contexto de crímenes contra la Humanidad".
La sala también determinó que no tiene por qué supeditarse al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, Baltasar Garzón dictó un auto de inhibición a favor de cada partido judicial en los casos de denuncias de asesinados por el régimen franquista y de las exhumaciones de los cuerpos.
No obstante, recomienda a los denunciantes "que acudan a otras Administraciones Públicas para las tareas de localización e identificación de los desaparecidos", los canteros de Salceda de Caselas, Manuel Domínguez, Benito Antonio Cabaleiro, Gabriel Besteiro Rodríguez y Ángel Cabaleiro, cuyos cuerpos podrían estar en una fosa en el cementerio de San Salvador de Budiño, en O Porriño. Para el juzgado, es en el ámbito de la Ley de Memoria Histórica donde se pueden ejercer las "justas reivindicaciones de recuperación de los restos de los seres queridos, dignificación y honra de su memoria".
