PONTEVEDRA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fiscal ha solicitado una pena de 12 años y cuatro meses de prisión para R.Q.F., un ciudadano colombiano acusado de disparar en la cabeza a un compatriota en la discoteca Río Latino en Pontevedra.
El juicio ha sido señalado por la Sección segunda de la Audiencia de Pontevedra para el próximo martes 26 de junio a las 10.15 horas. Según el relato de la fiscalía, los hechos que se juzgan ocurrieron sobre las 4.30 horas del 11 de abril de 2010, cuando el acusado entró en la discoteca Río Latino de la calle Benito Corbal de Pontevedra.
R.Q.F., de 25 años, nacido en Cali, Colombia, en situación irregular en España, vio que en la pista de baile se encontraba Andrés Felipe D.G. de 38 años, natural de Medellín-Colombia, "persona con quien mantiene malas relaciones", continúa el escrito, que apunta que el acusado se acercó a la víctima y, "movido por la intención de acabar con su vida", sacó una pistola que llevaba sujeta en el cinturón del pantalón y oculta tras su ropa y la colocó a la altura de la sien derecha, "procediendo sin más a dispararle".
El proyectil entró por el cuello "porque la víctima sólo tuvo tiempo de apartar ligeramente la cabeza", expone. Como consecuencia del disparo, la víctima resultó "con tan graves heridas que habrían determinado su fallecimiento de no ser por las intervenciones médico-quirúrgicas a las que fue sometido".
El disparo fue efectuado con una pistola marca Mini Blow que utiliza munición de ocho milímetros de calibre, que funcionaba correctamente y que el procesado tenía en su poder sin disponer de licencia ni guía de pertenencia. La había adquirido en Portugal varios meses antes de ocurrir este suceso.
La fiscalía entiende que los referidos hechos constituyen un delito de asesinato en grado de tentativa por el que se solicita la pena de diez años de prisión y la pena de dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de arma de fuego corta, introducida en España de forma ilegal.
Además solicita la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, de su domicilio o lugar de trabajo y la de comunicarse con él por cualquier medio durante un periodo de diez años.
Como indemnización, el acusado deberá abonar a la víctima 32.550 euros por los días de hospitalización, incapacidad y curación, 370.000 euros por el conjunto de las secuelas y 30.000 euros por daño moral.
Por su parte, la acusación particular pedirá 15 años por el asesinato en grado de tentativa y tres años por la posesión de un arma de fuego sin licencia. En cuanto a la responsabilidad civil, el representante legal de la víctima pide 1 millón de euros.
