1 de marzo de 2021
26 de septiembre de 2014

Fiscalía considera que no se tomaron medidas para abaratar las adjudicaciones supuestamente irregulares de obras en Vigo

VIGO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Vigo ha puesto de manifiesto en su denuncia sobre supuestos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas en el Ayuntamiento olívico, que los funcionarios no tomaron medidas para conseguir precios menores de adjudicación de ciertos expedientes de obras, pese a que "la experiencia demuestra que los precios sí consiguen abaratarse por los procedimientos reglados de adjudicación".

El juzgado de instrucción número 1 de Vigo investiga la supuesta comisión de irregularidades en la adjudicación de obras a empresas que, posteriormente, subcontrataban hormigón, cemento o maquinaria a una firma de la que era gerente el concejal Ángel Rivas (imputado por un supuesto delito de negociaciones prohibidas para funcionarios y cargos públicos).

Asimismo, de forma paralela, también investiga la posible comisión de un delito de prevaricación, por parte del jefe del área de Fomento, Álvaro Crespo, también imputado, junto con dos responsables de Movexvial, como colaboradores necesarios. En este caso, el foco está puesto sobre los muchos reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados, particularmente a favor de esta empresa.

En el caso de estos expedientes, tras encargarse un estudio pericial, la Fiscalía determinó la existencia de al menos 5 expedientes de Movexvial sospechosos, porque se refieren a obras "encargadas al margen de todo procedimiento administrativo" e incumpliéndose las normas de contratación y gestión presupuestaria.

El ministerio público advierte de que, en estos expedientes, aparece de forma reiterada el nombre de Álvaro Crespo como director facultativo de las obras. Además, en lo que respecta al precio, la fiscal determina que "aunque se indica que el precio es el precio medio del mercado", "la experiencia demuestra que los precios sí consiguen abaratarse por los procedimientos reglados de adjudicación" y, en estos casos, "no hay evidencia de que los funcionarios implicados realizasen acciones tendentes a conseguir precios menores".

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