23 de noviembre de 2019
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  • 19 de febrero de 2014

    Fiscalía negocia un acuerdo con los procesados por pescar con dinamita

    PONTEVEDRA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

       La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha señalado para el próximo martes 25 de febrero el juicio contra ocho personas por el uso de dinamita en la pesca de la sardina, en la denominada 'Operación Abuelo'.

       No obstante, la Fiscalía de Pontevedra y las defensas de los acusados han alcanzado en los últimos días un acuerdo de conformidad que, de materializarse, evitaría la celebración de la vista oral.

       El acuerdo se fraguó este lunes en una reunión celebrada en la sede de la Fiscalía de Pontevedra. Los procesados, entre los que figura el que fue patrón mayor de Vigo, José Antonio Tizón Ferreira, y otros siete armadores y marineros, reconocerán su participación en los hechos a cambio de una rebaja de las penas solicitadas que les permitiría eludir el ingreso en prisión.

       La Fiscalía pide penas de cinco años de cárcel para seis patrones y armadores: José Manuel López Puga, José Manuel Graña Acuña, José Antonio Tizón Ferreira, Diego Tizón Veiga, Jesús Sobral Andreu y Jorge Sobral Cabaleiro, y para el marinero, Manuel Soto Freitas.

       En el caso de José Jesús Deza Castro, armador del Playa de Portonovo, además de los cinco años de prisión por tenencia y tráfico de explosivos, suma otros tres años por un delito contra la flora y fauna.

    DINAMITA DESDE PORTUGAL

       En el relato de los hechos que recoge el escrito de acusación, el fiscal afirma que la dinamita entraba de manera fraudulenta desde Portugal.

       La investigación de la Guardia Civil, que incluyó escuchas telefónicas y vigilancia de coches, barcos y domicilios, culminó en vísperas de la noche de San Juan con la detención de una docena de personas en Vigo, Cesantes y Portonovo y la incautación de 120 kilos de explosivo Riodín, fabricada por Maxam en Burgos.

       Señala la Fiscalía que los acusados José Manuel López Puga y José Manuel Graña Acuña actuaban como proveedores, adquiriendo los explosivos para vendérselos al resto de armadores. La Fiscalía sólo imputa un delito continuado contra la flora y la fauna al armador José Jesús Deza y al marinero Manuel Soto.