Cobraron sobornos de más de 900.000 euros a promotores a cambio de tres obras legales
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía solicita tres penas de multa para el ex edil de Cultura de Gondomar (Pontevedra), José Luis Mosquera, y el ex concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, por cohecho y otras tantas para el arquitecto vigués Francisco Borja Ramilo Méndez, por un valor de 4,5 millones de euros tras ser detenidos en febrero acusados de corrupción urbanística.
En concreto, el escrito fiscal demanda para cada uno de los ex ediles una multa de 1,2 millones de euros, y dos de de 360.000; así como tres penas de suspensión de empleo y cargo público de dos años por cada una, pero no pide prisión.
Por su parte, para el arquitecto, como "coautor necesario", solicita tres penas de multa; una por 450.000 euros, otra de 135.000 euros y una tercera por más de 135.000 euros. Además, requiere la suspensión de empleo o cargo público durante cinco meses, por cada uno de los tres delitos.
Para la que considera cómplice de sólo uno de los delitos, Belén Fernández Fernández, pareja sentimental del ex edil de Cultura, el fiscal Juan Carlos Aladro demanda la penda de 135.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público durante tres meses.
HECHOS.
El fiscal considera que los ex ediles decidieron, "con el ánimo de enriquecerse" y "sirviéndose de la ventaja que les proporcionaban sus cargos oficiales", cobrar unas cantidades de dinero a cambio de favorecer con sus votos la incorporación, en unos casos, y el desarrollo, en otros, de proyectos de urbanización que deberían ser incorporados al Plan General de Ordenación Urbana de la localidad.
Para ello, según el fiscal, se pusieron en contacto con el arquitecto que intervendría en los mismos, Francisco Borja Ramilo Méndez, que ejercía "de intermediario idóneo", ya que, por sus conocimientos técnicos y relaciones con propietarios y promotores, "era el mejor de los interlocutores".
Según destaca Aladro, los concejales trasladaron al arquitecto sus peticiones económicas sobre tres convenios. El primero en relación a la ordenación de la parcela SUZDR5 de la depuradora. Por su aprobación y desarrollo decidieron solicitar 600.000 euros.
El segundo se refería a una finca ubicada en el polígono 10, sobre el paraje de las Canasterías, con el que se pretendía la modificación de la edificabilidad, que se pedía que fuera similar a otra finca vecina del mismo que poseía una superior a la fijada. Para esta actuación los ediles pedían 180.000 euros.
El tercero de los convenios fue realizado con la sociedad A Pousa. Para su aprobación, desarrollo y ejecución solicitaron inicialmente la cantidad de 240.000 euros, que finalmente quedó reducida a 180.000 euros.
Entre enero y febrero de este año, los ediles se pusieron en varias ocasiones en contacto con el arquitecto para hacer efectivo el cobro de las citadas cantidades. En concreto, el fiscal destaca que el 7 de febrero se realizó una reunión con el representante de la sociedad A Pousa, con una cantidad de 60.000 euros en la aprobación definitiva y otros 60.0000 euros cuando superara la aprobación del órgano supervisor de la Xunta de Galicia.
Las detenciones fueron practicas el 14 de febrero cuando decidieron hacer efectiva la primera entrega del soborno en un estudio de arquitectura en la calle Colón de Vigo. Así, a las 21.00 horas acudieron el ex edil de Cultura y su novia al lugar, que fue cambiado finalmente a la cafetería del Hotel Galicia, situada en las proximidades del punto inicial.
