5 de diciembre de 2020
23 de septiembre de 2009

Las fuerzas de seguridad identificaron a más de 1.800 mujeres víctimas de la explotación sexual en Galicia entre 2005 y 2008

La Fiscalía Superior y la Xunta ultiman un protocolo de lucha contra la trata y protección a las víctimas, el 14% en situación irregular

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Galicia para la desarticulación de redes de trata y explotación sexual de mujeres identificaron en el periodo 2005-2008 a un total de 1.847 víctimas de esta actividad en la Comunidad, la mayor parte de origen extranjero.

Así lo explicó hoy el Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela, durante la inauguración de una jornada que se celebra hoy en Santiago de Compostela en conmemoración del Día Internacional en Contra de la Explotación y Trata de Mujeres y Niñas.

En este evento, el Fiscal informó de que en el periodo 2005-2008 se realizaron 460 intervenciones por parte de la Guardia Civil en relaciones a clubes de alterne y la Policía Nacional desarticuló un total de 59 redes de tráfico de mujeres. En estas operaciones se vieron implicadas 1.847 féminas víctimas de esta actividad.

En cuanto a las características de las implicadas en la trata, Carlos Varela afirmó que en aquel período, el 95,9 por ciento eran extranjeras, y, concretamente, el 51,4 brasileñas, el 13,15 por ciento colombianas, y el 12,40 por ciento rumanas.

En este punto, el Fiscal Superior de Galicia incidió en que la procedencia de las víctimas se ha modificado en los últimos tiempos ya que, de las 141 mujeres identificadas en lo que va de año en Galicia, el 39 por ciento eran rumanas y el 29 por ciento brasileñas. Además, el 14 por ciento estaban en situación irregular.

PROCESOS ESCASOS

A pesar de la incidencia, Carlos Varela aseguró que los procesos judiciales por esta causa siguen "siendo escasos", sobre todo por tratarse de un fenómeno "clandestino, cerrado y complejo" y por la dificultad de que las mujeres víctimas denuncien, "por miedo a represalias o a ser repatriadas si están en situación irregular".

Aún así, en Galicia se registraron el año pasado un total de 29 delitos asociados a procedimientos relativos a la prostitución en sus diferentes modalidades, de los que el Ministerio Fiscal pudo formular acusación en ocho.

PUERTA DE ENTRADA

En Galicia existen organizaciones dedicadas al tráfico de mujeres, principalmente de nacionalidades rumana y brasileña, que "actúan en conivencia con los dueños de los clubes". Las rutas de llegada dependen "en gran medida del origen de las mujeres".

Así, señaló Varela, las procedentes de América del sur entran en su mayoría por otro país europeo con el objetivo de introducirse en el espacio de libre circulación, para después recalar en Galicia.

En este sentido, el Fiscal Superior alertó de que las víctimas de explotación sexual y trata llegan a Galicia desde los aeropuertos de París, Madrid y Lisboa, para finalmente dirigirse al de Vigo y una vez allí ser colocadas en establecimientos de alterne o casas particulares. "Nuestra comunidad, en las rutas globales del tráfico de personas no es una puerta de entrada, si no más bien un punto de destino", sentenció.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Con el objetivo de ser "más eficaces en la investigación criminal" de este tipo de casos, Carlos Varela anunció que la Fiscalía Superior está ultimando junto con la Xunta de Galicia el 'Protocolo de actuación institucional sobre adopción de medidas de prevención, investigación y tratamiento a las mujeres víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual'.

Este documento, "pionero en España", constará de tras partes, una relativa a los derechos y obligaciones de las víctimas, otra sobre el régimen penal y procesual de la trata de mujeres y el último acerca del programa de prevención, acogimiento y asistencia, que incluirá un estatuto especial para las víctimas.

Así, permitirá la coordinación de los distintos organismos de competencia para favorecer las investigaciones y procedimientos judiciales y la colaboración con ONG que prestan servicio a estas mujeres para su atención y protección. En este sentido, Carlos Varela consideró un "importante paso" en esta cuestión la concesión de permisos de residencia a las víctimas en situación irregular, para favorecer la denuncia y la protección posterior.