La Comunidad gallega es la quinta con peor nota, mientras que el 31,5% de los gallegos con derecho reconocido no reciben atención
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
Galicia suspende en la gestión de la dependencia y no alcanza los cuatro puntos en el baremo del 'XIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia', elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Además, según los datos de esta entidad, la gallega es la tercera comunicad con más personas que se encuentran en el denominado 'limbo', es decir, dependientes con derecho a prestación reconocido pero que permanecen sin atención.
Según se desprende del informe, la Comunidad gallega es la quinta con peor nota, al obtener un 3,8 en gestión de la dependencia, igual que Asturias (3,8) y por delante de Aragón y Baleares (3,3), Canarias (1,3) y Comunidad Valenciana (1,3). Además, Ceuta y Melilla se quedan en un suspenso con 1,7 puntos.
La puntuación obtenida por Galicia supone una importante bajada frente a la situación de diciembre de 2013, cuando sí aprobaba con un 5 y mantiene la tendencia a la baja desde que en diciembre de 2012 alcanzó su máxima nota, un 5,8. La media española también es un suspenso, pero ocho décimas superior a la nota gallega (4,61).
La solicitudes de la Comunidad gallega son el 2,94 por ciento de la población general y el número de dictámenes, el 2,88 por ciento. Sin embargo, el 31,5 por ciento de los gallegos con derecho reconocido están sin atención, dato que sitúa a Galicia en la tercera por la cola, sólo por delante de Murcia (40,7%) y Canarias (51,4).
De los atendidos, el 30,9 por ciento cuentan con la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (Pecef), siendo de esta forma Galicia la comunidad con este índice más bajo de todo el Estado. A la cabeza se sitúa Murcia, con un 87,4 por ciento, mientras que la media española es del 53,7 por ciento.
PERSONAS ATENDIDAS y GASTO POR HABITANTE
En cuanto a las personas atendidas, el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) pierde un total de 3.416 beneficiarios de promedio al mes en 2014, según los datos del Observatorio, que apunta que Galicia ha perdido un 1,59 por ciento, en la media del Estado, que perdió un 1,5 por ciento. Baleares, en el extremo contrario, subió un 16,28 por ciento, mientras que Andalucía perdió 11,01 por ciento. En el último año, Galicia perdió el 9,63 por ciento de los expedientes activos de grado tres, más que la media estatal (-5,95%).
Además, la Comunidad gallega es la sexta comunidad autónoma en gasto público por habitante estimado, con 90,65 euros, por debajo de los 109,6 euros de la media estatal. Cantabria, con 180,13 euros, se sitúa a la cabeza, seguida de País Vasco (158,34), La Rioja (150), Castilla y León (139,12), Castilla-La Mancha (131,8) y Andalucía (122,94).
En lo que obtiene puntuación en positivo es en innovación y buenas prácticas y también cuenta con información en tiempo real, si bien no cuenta con un seguimiento sistematizado.
LOS RECORTES IMPACTARON "GRAVEMENTE"
Según la organización que ha elaborado el informe, las medidas de recorte adoptadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hace ahora dos años, han impactado "gravemente" en el sistema de atención a la dependencia, "impidiendo el acceso" a nuevos usuarios, "desatendiendo" a quienes estaban a la espera de recibir prestaciones pese a que tenían derecho, reduciendo el número de personas atendidas y de atenciones prestadas, y poniendo "al límite de sus capacidades de provisión de servicios y de gasto" a las administraciones autonómicas.
El estudio señala que al finalizar 2011, el número de personas dependientes que figuraban como atendidas en el conjunto del Estado con alguna prestación o servicio ascendía a 738.587 personas, una cifra que se reduce a 736.777 atendidos a 31 de mayo de 2014, es decir, 1.810 menos. "La conclusión es obvia y dolorosa, solo se accede a recibir atenciones (prestaciones o servicios) en la medida en que se producen bajas en el sistema", alertan los autores.
Asimismo, indican que mientras en 2010, el saldo neto promedio de incorporación al sistema recibiendo atenciones arrojó una cifra de 16.217 personas al mes, dicho saldo ya se redujo a 6.724 personas/mes en 2011. Los años 2012 y 2013 presentaron incrementos netos medios de 1.080 y de 191 personas/mes respectivamente y, finalmente, en lo que llevamos de año 2014 (5 meses) el saldo neto es negativo, perdiéndose cada mes un promedio de 3.413 usuarios atendidos.
SE REDUCE LA LISTA POR FALLECIMIENTOS
Para los autores del dictamen, la afirmación "sistemática y triunfalista" del Gobierno de que se ha reducido la lista de espera contiene una parte de verdad y otra buena parte de "ocultación de la evidencia".
En concreto, indican que la reducción de la lista de espera --que en diciembre de 2011 ascendía a 305.941 personas-- no es fruto del incremento de atendidos, sino el resultado combinado de retirar el derecho a atención a las personas con grado I (nivel 2) que no estuvieran recibiendo atenciones a 31 de diciembre de 2011 y de las bajas (por fallecimientos) que se producen en personas pendientes de atención.
El dictamen revela que la financiación "ha tocado techo" y es "absolutamente insuficiente y altamente ineficiente" en el tipo de gasto que se realiza. El tipo de servicios entregados y la calidad de los mismos, "no solo no han mejorado para las personas dependientes, sino que ofrecen menor intensidad de atenciones", advierte.
REDUCCIÓN DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA
En términos de esfuerzo público, la Asociación de Directores y Gerentes indica que se ha producido una "reducción paulatina" del mismo, que es lo que, a su juicio, repercute en la "imposibilidad de atención" a las personas en lista de espera e incluso en la disminución de personas atendidas. "Se trata, en suma, de la demostración palmaria de la situación de colapso que sufre el sistema", añade.
Según las estimaciones del Observatorio de la Dependencia, sobre el gasto global en atenciones 2013, la Administración General del Estado aportó el 19 por ciento de la financiación y en términos de gasto público (respecto a las comunidades autónomas su aportación habría sido del 23,4 por ciento, muy por debajo del 50 por ciento previsto. "Resulta evidente que la aportación estatal ha ido menguando proporcionalmente al incremento del copago, recayendo la mayor parte del esfuerzo en las comunidades autónomas", añaden los autores.
SÓLO DESTACAN CASTILLA Y LEÓN Y PAÍS VASCO
Sólo Castilla y León, y País Vasco destacan en la aplicación de la Ley de la Dependencia, mientras que once comunidades suspenden --además de Galicia, Valencia, Canarias, Ceuta y Melilla, Baleares, Aragón, Asturias, Madrid, Navarra y Cataluña-- "con una tendencia generalizada negativa en los últimos meses".
La aplicación de la escala de valoración territorial del informe evidencia que las comunidades que llevaban un recorrido aceptable, se mantienen; y las que tenían "muchas deficiencias" de gestión, ahora no pueden acelerar para que el principio de igualdad de acceso al derecho sea efectivo.
Finalmente, el observatorio determina que se mantiene invariable el "empecinamiento" de algunos gobiernos autonómicos de no aplicar las prestaciones y servicios que esta ley contempla. Estas comunidades con calificación de "muy deficiente" son la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Aragón y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
