La modificación del texto gallego está paralizada desde el fracaso de 2007, aunque Feijóo comprometió una reunión con la oposición
SANTIAGO/MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, ha adelantado que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV abre un nuevo camino por el que podrán discurrir otras comunidades autónomas, que también podrán solicitar la transferencia de las bonificaciones empresariales. No obstante, limita esta posibilidad a las que hayan reformado su Estatuto o estén en trámite de hacerlo, lo cual excluiría a Galicia.
Este anuncio se produce tras el acuerdo entre PSOE y PNV para el traspaso de estas competencias al País Vasco y poco después de que los socialistas rechazasen en el Congreso, con la abstención del PP, la transferencia a la Comunidad gallega de Tráfico, pese a que constituía una reclamación del Parlamento autonómico.
Así las cosas, y con las limitaciones a priori establecidas, Galicia se quedaría fuera de la posibilidad de recibir estas competencias al no contar con un nuevo Estatuto, cuya reforma urgen nacionalistas y socialistas, quienes incluso pidieron una comisión parlamentaria para redactar un nuevo texto que fue rechazada este mismo martes por el PPdeG.
De este modo, el hecho de que Galicia no cuente con un nuevo texto estatutario vuelve a suponerle un obstáculo para recibir traspasos, puesto que éste fue el mismo argumento empleado por Zarrías en la última reunión de la comisión mixta de transferencias Xunta-Estado, en febrero de este año, que concluyó con la invitación del secretario de Estado a reformar el Estatuto si quiere "aumentar su techo competencial", ya que las demandas gallegas no aparecen en ese marco legislativo vigente.
OTROS FRACASOS
El intento de reformar el Estatuto gallego registra un fracaso anterior en enero de 2007. Entonces, la residencia oficial de Monte Pío acogió una reunión infructuosa de los líderes de las tres formaciones con representación en la Cámara, el jefe de la oposición y ahora presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el que era jefe del Ejecutivo autonómico, el socialista Emilio Pérez Touriño; y Quintana como vicepresidente.
A la salida de aquel encuentro de más de seis horas persistían las discrepancias del entonces bipartito con el PPdeG en materia en identidad de Galicia, estatus del idioma propio y en el capítulo relativo a la financiación autonómica. Con todo, los tres políticos habían coincidido en culpar al 'clima político' estatal del fracaso de la reforma.
Desde aquel momento, las tres formaciones políticas no volvieron a abordar ese asunto, si bien Feijóo se ha comprometido a sondear la "predisposición" de los líderes de los grupos de la oposición para modificar el texto una vez presentados los presupuestos. Precisamente, las tramitación de las cuentas gallegas ha sido el argumento esgrimido por el PPdeG para rechazar la constitución de la comisión de reforma del Estatuto en la Cámara autonómica.
"CON PLENOS TÍTULOS COMPETENCIALES"
En una rueda de prensa junto al secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, Zarrías ha explicado que este camino se abre para aquellas comunidades que manifiesten esta voluntad y que tengan "plenos títulos competenciales" en sus estatutos para hacerlo.
Esto supone que podrán hacerlo todas aquellas que han pasado al estatuto de segunda generación, como Cataluña, Andalucía, Baleares, la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León, así como todas las que vayan modificando su estatuto. "No hay ningún tipo de discriminación o favoritismo", ha señalado.
Según Zarrías, se procederá en los mismos términos con aquellas comunidades que lo soliciten. Además, ha recordado que también se ha abierto otro debate sobre la transferencia de la inspección de trabajo, una materia que también se ha trasferido ya a alguna comunidad autónoma, como Cataluña.
El acuerdo cambia, así, la gestión de las bonificaciones autonómicas, pero no permite a las comunidades modificar las bonificaciones contempladas en la legislación estatal, que sólo podrán cambiarse desde el Gobierno central.
"NO ROMPE CAJA ÚNICA"
Por su parte, Granado ha negado que el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con el PNV suponga la ruptura de la caja única de la Seguridad Social y ha asegurado que el País Vasco compensará al sistema el uso que haga de las bonificaciones.
Sin embargo, no ha precisado cómo compensará el País Vasco al Estado porque hay diversas posibilidades en estudio, como a través de los flujos financieros que ya existen con un sistema de compensación de ingresos y gastos o con un sistema de certificación mensual.
Lo que sí ha dejado claro es que se establecerá el sistema que suponga un menor coste para la Seguridad Social y que será más fácil con las comunidades de régimen común que lo soliciten porque se podrá hacer a través del Tesoro Público.
UNA "REITERADÍSIMA EXIGENCIA"
Según Granado, con este acuerdo se da cumplimiento a una "reiteradísima" exigencia de organizaciones empresariales y sindicales y se favorece que el sistema de gestión de fondos de desempleo se parezca cada vez más al sistema de gestión de la Seguridad Social porque permite separar la finalidad de las cotizaciones al desempleo de las de las políticas activas.
"Las cotizaciones servirán mejor que nunca para lo que siempre lo han hecho", ha indicado, tras insistir en que es un acuerdo de ejecución y gestión que no altera los fundamentos del sistema ni supone una modificación del mismo.
Por este motivo, Granado se ha manifestado con una "rotundidad absoluta" al decir que los que mantienen que se está atentando contra la unidad de la caja única "están equivocados o no dicen la verdad".
ANTES YA SE HACÍA
De hecho, ha asegurado que muchas comunidades tienen incentivos al empleo en forma de subvenciones que condicionan al cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y que, a veces, tienen forma de reducción de cotizaciones o de bonificaciones.
"No es lo más habitual, pero no quiere decir que sea infrecuente", ha señalado Granado, tras recordar que esto se ha hecho siempre con distintos colectivos y que se trata de medidas que han contado con el apoyo de todos los grupos. "Nunca ha dado ningún problema", ha añadido.
Llegado este punto, el 'número dos' del Ministerio de Trabajo vio "sorprendente" que algunos políticos que han gobernado en otras épocas se "rasguen ahora las vestiduras" y digan que el Gobierno ha creado un "elemento de quiebra" de la Seguridad Social.
ACUERDO "TRANSPARENTE Y CRISTALINO"
En esta misma línea se ha manifestado Zarrías, que ha considerado el acuerdo con el PNV "absolutamente transparente, cristalino y con encaje exacto en la Constitución". De hecho, ha afirmado que pone fin a una anomalía porque el País Vasco era la única comunidad que hasta ahora no había recibido el traspaso de las políticas activas.
"Hasta ahora estaba un paso atrás", ha indicado, tras mostrarse "muy satisfecho" por conseguir un acuerdo que beneficia a todos los ciudadanos vascos y que da al gobierno autonómico más instrumentos para combatir el desempleo en Euskadi.
Según Zarrías, el gobierno vasco ha estado informado en todo momento y el PNV no solicitó en ningún momento la ruptura de la caja única porque se sabía que era una "línea roja" que el Gobierno no estaba dispuesto a traspasar. "No se ha roto la caja única, lo que sí se ha roto es la caja de las mentiras del PP, que ha quedado totalmente al descubierto", ha indicado.
De la misma forma, ha celebrado que el acuerdo con el PNV permita la aprobación de los Presupuestos de 2011, un elemento más que servirá para superar la crisis cuanto antes, y ha defendido la legitimidad del Gobierno para negociar las cuentas del año que viene. "Todos los Presupuestos se han negociado", ha recordado.
