Ferrol podría iniciar un nuevo expediente para la plaza de España tras agotarse el plazo para remitirlo al Consello Consultivo
FERROL, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Ferrol responsabilizó a los funcionarios municipales encargados de la tramitación de los expedientes de paralización de las obras de la plaza de España y de la urbanización de la Fraga de Menáncaro, de la caducidad en la que incurrirán los informes al sobrepasar los tres meses preceptivos. En sesiones plenarias -julio, en el caso de la plaza de España, y agosto, para Menáncaro-, se aprobó la anulación de los dos proyectos, iniciados por la anterior coalición de gobierno. Sin embargo, transcurridos los tres meses reglamentarios, en el caso de la plaza, y a punto de finalizar para la fraga, los expedientes iniciados no fueron remitidos al Consello Consultivo de la Xunta de Galicia como estaba establecido.
La caducidad de los expedientes tendría aún que ser solicitada por alguna de las partes implicadas, pero el Ayuntamiento ya se plantea la posibilidad de incoar nuevos expedientes, en especial sobre la plaza de España, para evitar futuras complicaciones.
No obstante, el alcalde de Ferrol, el socialista Vicente Irisarri, y el concejal de Urbanismo, Ángel Mato, también perteneciente al PSOE, aclararon hoy en rueda de prensa que el inicio de un nuevo expediente no provocará un retraso en las negociaciones iniciadas, ni que se retomen los proyectos anteriores.
Así, Irisarri aseguró que se trata de un problema que "no tiene ninguna trascendencia de fondo", que "no es ninguna tragedia" y que "no debería de causar ninguna alarma social". Un problema de "errores administrativos" que achacó al cambio de personal en el área de Urbanismo y a que algunos procedimientos administrativos no se cumplieron como era de esperar.
Ante esto, que el Ayuntamiento podría encargar un expediente informativo para conocer las causas de estos "incumplimientos". El pasado mes de octubre, ya se aprobó el cambio en la instrucción del expediente de la plaza, después de que el funcionario encargado presentase su renuncia.
El responsable de Urbanismo, Ángel Mato puntualizó que el "departamento requiere una reorganización interna" y denunció que en los últimos cuatro años se "descapitalizó" esta área, con una "merma" importante de técnicos, que derivó en el "pequeño caos organizativo" actual, que estaría detrás de la problemática. Como ejemplo, explicó que semanas después de haberse iniciados los expedientes, pudo comprobar cómo los técnicos responsables no habían avanzado "nada" en su elaboración.
"En este tema, lo que nos preocupa más es ofrecerles certezas a la ciudadanía, que no haya dudas, y no debe de haber la más mínima duda que en la plaza de España no se va a hacer el edificio de 21 metros y que en la fraga de Menáncaro no se va a hacer la urbanización que se pretendía", aseguró Irisarri.
PLAZA DE ESPAÑA
Sobre la problemática actual de la plaza de España, los representantes municipales diferenciaron los trámites del expediente, de la negociación entre el Ayuntamiento y Abeconsa -empresa concesionaria durante 60 años del edificio de 21 metros de altura previsto, a cambio de la construcción del inmueble y de un vial subterráneo ya ejecutado-. Así, Irisarri aseguró que las conversaciones continúan, aunque rechazó avanzar plazos ni en cantidades económicas.
"Desde luego los ferrolanos que se queden tranquilos, porque también este problema lo vamos a resolver a satisfacción de todos, y que para nada vamos a consentir que el concello de Ferrol se endeude por esta causa", recalcó el primer edil.
Añadió que Abeconsa, que estima que desde el punto de vista jurídico, firmó un contrato legal, pide que, "por favor", le abonen "aquello que iba a recuperar dentro de 65 años", en referencia a la indemnización a la que tendría que hacer frente el Ayuntamiento por la anulación de las obras. En todo caso, Irisarri matizó que "el verbo pagar puede significar muchas cosas y se puede pagar de muchas maneras".
"No se parecen en nada las cifras a las que se vienen barajando", subrayó Ángel Mato, concejal del PSOE, en referencia implícita a las cuantías de 10 millones de euros de indemnización que en diversas ocasiones formularon miembros de la oposición municipal. El actual gobierno local decidió la suspensión de las obras en el mes de julio, para dar cumplimiento a los requerimientos emitidos por la dirección xeral de Urbanismo de la Xunta de Galicia a principios de año, en los que determinaba que las obras eran ilegales, por incumplir el Plan Urbanístico vigente.
