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Aunque actualmente Adif es sólo "actor civil", la pericial puede ser "determinante y decisiva" para imputar a miembros de la Administradora
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez que instruye la causa por el accidente de Angrois, Luis Aláez, ha rechazado este martes un recurso interpuesto por la defensa del maquinista contra la intervención en el proceso de un perito por parte de Adif. En su argumentación, el juez confirma su participación amparándose en el "derecho de defensa" de los "potenciales imputados" de esta entidad.
En el auto, Aláez explica que la autorización de un perito designado por Adif para intervenir en las pruebas periciales responde a una "óptica hermenéutica flexible" y se ampara en el "derecho de defensa".
Así, aunque reconoce que en este momento procesal Adif tiene únicamente la condición de "actor civil", Aláez recuerda que "en momentos anteriores de la instrucción se ha imputado a determinadas personas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias" y "no se ha descartado una nueva llamada al proceso en esta condición de personal de Adif.
Si se da esta circunstancia, aclara el magistrado, el no permitir ahora la intervención de un perito por su parte "puede llevar en el futuro a que a esas personas se les prive del examen de lo que es objeto de pericia en iguales condiciones que las demás partes".
La pericial a practicar es "una diligencia de investigación", aunque, según recoge el auto, "con características singulares que realzan la incuestionable importancia de la misma", dado que "a través de ella se pueden constituir una eventual atribución de posibles responsabilidades penales de quienes tienen el deber de colaboración con los autores de la pericia".
"En otras palabras, se trata de una diligencia de investigación que puede ser determinante y decisiva para hacer imputación a personas integrantes de Adif", sentencia el juez.
En estas "concretas y especiales circunstancias" el juez cree que debe reconocerse a Adif el derecho a "acceder en plenitud al objeto de la pericia" a fin de "sortear una posible vulneración del derecho de defensa de potenciales imputados" en esta entidad. En la práctica, recuerda, la pericial "puede suponer una diligencia de cargo de contenido incriminatorio" para el administrador.
