VIGO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de instrucción número 4 de Vigo ha decretado el sobreseimiento del proceso por el que se investigaba a 13 personas por la supuesta venta ilegal de pescado en el puerto de O Berbés, debido a la falta de elementos suficientes para sustentar las imputaciones por cohecho y revelación de secretos, aunque ha precisado que, durante la instrucción, ha quedado constatada la existencia de un "cúmulo de irregularidades".
Según el auto emitido por el juez, no hay pruebas suficientes para sostener la imputación por cohecho porque, aunque hay dos testigos que aseguran que algunos policías portuarios exigían dádivas a cambio de favorecer a los vendedores con mejores puestos en la lonja, o bajo la amenaza de sanción, dichos testimonios pueden ser contraargumentados con facilidad.
En ese sentido, tras explicar que no dispone de más testigos que corroboren esos hechos, el juez admite que "podría haberse puesto en marcha, y con carácter extendido" el argumento de la "ley del silencio" en un ámbito "tan restringido" como el puerto de O Berbés. "Pero una instrucción judicial no puede sostenerse en rumores, por muy extendidos que éstos sean", ha recalcado en su auto.
Además, el magistrado ha recordado que no queda constancia del pago de esos sobornos, ni tampoco se puede probar que los presuntos autores del cohecho hayan tenido un "incremento ilícito" en su patrimonio como consecuencia de esos pagos.
Por otra parte, el juzgado también ha argumentado que, pese a haberse constatado que era práctica habitual que los policías portuarios investigados avisaran a ciertos vendedores de la presencia de inspectores, dichas prácticas "no pueden integrar el tipo penal" de revelación de secretos.
Según ha precisado el juez, no puede considerarse que estos trabajadores revelaran una actuación secreta de los inspectores, porque cuando éstos llegaban a las instalaciones portuarias, su presencia era pública y notoria, no secreta, y se sabía que iban a hacer su labor inspectora.
"IRREGULARIDADES" ASUMIDAS COMO "NORMALES"
Pese al auto de sobreseimiento, el juez de instrucción número 4 de Vigo, que hace un expreso reconocimiento de la "laboriosa y completa" investigación de la Guardia Civil, hace constar que las diligencias practicadas permiten constatar la existencia de "un cúmulo de irregularidades" en la gestión de diferentes actividades portuarias, especialmente en el seno de los policías portuarios.
Así, el magistrado ha señalado que, de las escuchas teléfonicas, se infiere que los policías avisaban a algunos armadores cuando llegaban inspectores a la lonja; o hablaban de forma "subrepticia" de la entrega de piezas de pescado como forma de pago.
Del mismo modo, las investigaciones de la Guardia Civil también apuntaron la presencia de una persona vendiendo pescado en la lonja, desde hacía años, sin tener autorización para ello, y con la connivencia de los policías portuarios, con quienes supuestamente se repartiría los beneficios de la venta; o el desplazamiento de pescado sin los debidos controles.
Finalmente, subraya que, con motivo de esta instrucción, muchos de esos comportamientos irregulares, "que desde antaño se venían asumiendo como normales", han dejado de producirse, "lo que sin duda beneficia al conjunto de la sociedad y a los propios usuarios de dichas instalaciones".
