Foto: EUROPA PRESS
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, ha remitido al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) una denuncia del exalcalde de Santiago con el PP, Gerardo Conde Roa, contra su predecesor en la Alcaldía compostelana, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, por supuesta prevaricación administrativa en relación a la Finca do Espiño,
En un escrito dictado el pasado 21 de mayo al que ha tenido acceso Europa Press, Vázquez Taín indica que el 7 de febrero de este año fue presentada la referida denuncia y que el 15 de abril Conde Roa se ratificó en ella, mientras que el 5 de mayo se presentó informe por parte del Ministerio Fiscal.
Tanto el escrito inicial presentado como la ratificación de la denuncia "hacen referencia a una serie de hechos administrativos contrarios a derecho", apunta el juez, que señala que el aforamiento de Sánchez Bugallo, en su calidad de diputado autonómico, "es un hecho notorio, que por tanto no debe ser acreditado formalmente por tratarse de un hecho constatado".
"Si bien el criterio de la Fiscalía en este y otros procedimientos es comprobar que existan indicios de delito, es más prudente que la existencia o no de indicios sea apreciada directamente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que es el competente para el enjuiciamiento de causas con aforados", argumenta el juez Vázquez Taín.
Las diligencias previas ya fueron recibidas por el TSXG, que en una providencia del 28 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala los tres magistrados que integrarán la sala que analizará este caso y pide notificar la incoación al Ministerio Fiscal.
No obstante, el alto tribunal decide devolver las diligencias previas al juzgado instructor para que se subsanen "defectos" detectados, como que en las resoluciones, actas y diligencias faltan firmas del juez y del secretario judicial. Fuentes del TSXG han explicado que se trata de "una cuestión técnica". Por su parte, las seis cajas con la documental han quedado depositadas en la sala del TSXG "dada su voluminosidad".
DENUNCIA
En su querella, Conde Roa denuncia que podrían ser constitutivos de delito "la condonación" a la promotora Layetana de la obligación de pagar el 10% del aprovechamiento urbanístico, que cifra en 621.000 euros, y "la inacción, en perjuicio del Ayuntamiento de Santiago, en el cobro del aval depositado por la compañía Layetana para responder a las obligaciones derivadas del convenio".
En septiembre de 2012, el Gobierno de Santiago, ya con Ángel Currás en la alcaldía, ejecutó el embargo de los 2,3 millones de euros que le adeudaba la promotora de la finca do Espiño en compensación por el convenio suscrito entre ambas partes para el desarrollo urbanístico de esta finca. Esta cantidad reclamada a Layetana se basa en una sentencia judicial del año 2011.
En tercer lugar, en su denuncia Conde Roa también alude a un "fraude en la concesión de licencias de residencial comunitario para la construcción de apartamentos", lo que advierte que suponía "grave pérdida de plusvalías generadas en beneficio de los ciudadanos". Según asegura, las licencias concedidas bajo el epígrafe de residencial comunitario son en realidad viviendas y alerta que se trata de "un fraude que durante el mandato de Sánchez Bugallo se repitió de forma masiva".
En octubre de 2011, Conde Roa suscribió un protocolo con Layetana mediante el cual la Finca do Espiño tendría un uso exclusivamente residencial, de forma que se descartaba la construcción de un geriátrico conformado por apartamentos, el uso que estaba previsto en función de la calificación de la parcela como residencial comunitario y del convenio firmado en 2001. El cambio de usos con el nuevo protocolo habilitaba el lugar para levantar 120 pisos.
Sánchez Bugallo, entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santiago tras haber perdido el bastón de mando, había advertido que trasladaría a la Fiscalía Anticorrupción lo que calificó como "el mayor escándalo urbanístico" de la capital gallega "en los últimos 25 años". Conde Roa tuvo que dimitir en abril de 2012 al ser imputado por defraudar a Hacienda, a través de su promotora inmobiliaria, 291.000 euros, causa por la cual fue condenado a dos años de cárcel.
