5 de marzo de 2021
16 de octubre de 2014

La jueza levanta el secreto de las declaraciones de una exconcejal de Santiago y el marchante Patterson

Prorroga por un mes el secreto en parte de 58 tomos y las investigaciones relacionadas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, que lleva la Operación Pokémon, Pilar de Lara Cifuentes, ha levantado el secreto de las manifestaciones realizadas por la exconcejala de Santiago Amelia González Brandariz y el marchante de arte Leonardo Patterson y ha ordenado unir a la causa la transcripción parcial de las declaraciones del exalcalde compostelano Gerardo Conde Roa y del exedil Albino Vázquez Aldrey sólo en la parte que afecta a las referidas diligencias previas.

En un auto con fecha 9 de octubre, notificado este jueves a las partes, y al que ha tenido acceso Europa Press, Pilar de Lara sí prorroga un mes más el secreto de sumario sobre diversos folios de 58 tomos comprendido entre el 1 y 122. Se trata de un auto referido a la pieza número 3, que investiga supuestos delitos de cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental cometidos por Francisco Fernández Liñares en su etapa como presidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.

En concreto, sobre las manifestaciones de Amelia González y Leonardo Patterson, la jueza instructora de la Operación Pokémon explica que "dado que han sido ya cotejadas por el secretario judicial y no interfieren en el resultado de otras diligencias", se levanta el secreto. Además, ordena que se unan a esta causa "la transcripción parcial" de las declaraciones de Conde Roa y de Vázquez Aldrey "en tan solo lo que afecte a las diligencias previas, haciendo constar que el resto carece de relación con las presentes diligencias previas".

"Ello no obstante, debe señalarse que el contenido de tales declaraciones no afecta a la presente causa, pese a lo cual y dado que se practicaron cuando se tramitaba conjuntamente se unirá igualmente al procedimiento", agrega la jueza que instruye esta la mayor operación contra la corrupción llevada a cabo en Galicia, y que se centra en una supuesta trama de pagos de empresas a políticos a cambio de obtener concesiones de servicios públicos.

Asimismo, agrega que el resto de las actuaciones declaradas secretas "se continuarán practicando en una pieza aparte a fin de no interferir el curso y desarrollo de cada uno de los procedimientos y poder tramitar los procedimientos". El secreto de esta parte se prorroga por un plazo de un mes.

Por su parte, acerca de los folios de los 58 tomos de la Pokémon sobre los cuales se mantienen las reservas, Pilar de Lara argumenta que procede prorrogar un mes el secreto porque "continúan practicándose diligencias de investigación cuyo conocimiento por las partes podría frustrar el éxito de la instrucción".

Esta decisión de la jueza se produce después de que el pasado mes de septiembre decidiese levantar parcialmente el secreto sobre una serie de folios de 46 tomos de la Operación Pokémon, al considerar que ya "no existe riesgo alguno para la instrucción derivado del conocimiento público por las partes de los hechos investigados y afectados". En aquella ocasión se levantó el secreto sobre una serie de folios incluidos en 46 tomos entre el número 1 y 121.

IMPUTADOS

La 'Operación Pokémon' supera el centenar de presuntos implicados en esta instrucción judicial que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años.

En el epicentro se sitúan las empresas del grupo Vendex, cuyas actividades se investigan en esta pieza separada, aunque también la concesionaria del servicio de aguas Aquagest centra otras ramas de esta investigación, entre otras empresas salpicadas.

Desde que la operación estalló el 20 de septiembre de 2012 con la detención de los entonces alcaldes de Ourense, Francisco Rodríguez (PSdeG); y de Boqueixón, Adolfo Gacio (PPdeG); y del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, la 'Operación Pokémon' ha salpicado a otros gobiernos locales de las ciudades más importantes de Galicia.

Así, están imputados en esta operación los regidores de Lugo, José López Orozco (PSdeG), y el exalcalde de Santiago Ángel Currás (PP). En la capital de Galicia fueron imputados varios ediles que ya han renunciado, así como el concejal socialista Bernardino Rama, mano derecha del exregidor Xosé Sánchez Bugallo. Por su parte, en A Coruña está imputado el teniente de alcalde, Julio Flores (PP), así como el concejal socialista José Nogueira. A ellos, se suma el regidor de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que también está imputado.

Aparte de los políticos y técnicos salpicados en estos ayuntamientos, también permanece imputado el alcalde de O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes (PP), y se ha recabado información de la concesión de servicios públicos en otros múltiples consistorios como los de Ortigueira, Marín, Oroso, Ponte Caldelas o Arzúa, entre otros, así como otros de Cataluña y Asturias.

En otros ayuntamientos más pequeños, como Ordes, también declaró como imputada la concejala de Educación y teniente de alcalde, Silvia Marín, del grupo independiente Unión por Ordes. En Cospeito, Manuel Pico Yáñez, que había sido elegido en la lista del PSdeG, fue llamado como imputado por su condición de empresario. Poco después de prestar declaración ante la jueza, presentó su dimisión Fernando Varela, que era concejal del BNG en el Ayuntamiento de Ourense.

La 'Pokémon' también acabó por salpicar a Paula Prado, diputada autonómica que presentó su dimisión como portavoz del PPdeG tras meses de revelaciones sobre las investigaciones de las que fue objeto, que ha declarado en calidad de testigo. La parte relativa a la parlamentaria, al ser aforada, ha sido remitida al TSXG, que tiene pendiente decidir si la investiga, tras recibir el visto bueno de la Fiscalía al respecto.

Dentro de la propia macroinvestigación de la 'Pokémon' se han subdividido algunas operaciones como la 'Manga', que se centró en Santiago y en la que acabó imputado el exalcalde Gerardo Conde Roa, o la 'Pikachu', nombre con el cual fue bautizada la rama que investiga las concesiones en A Coruña.