SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo ha ratificado la sanción impuesta por la Consellería de Sanidade al Ayuntamiento de Vigo, por infracciones en el control de la calidad del agua para el consumo humano, por las que tendrá que hacerse cargo de una multa de 19.030 euros.
El titular del Juzgado, Luis Ángel Fernández Barrio, en una sentencia del 11 de junio de la que informa la Xunta en un comunicado, señala que existe "un riesgo sanitario para los consumidores", ya que "se desconoce la aptitud del agua", debido a la "falta de control exigible".
El magistrado confirma así las cuatro infracciones que había impuesto en 2018 la Xunta de Galicia, tres de carácter grave y una leve.
El expediente de la Consellería de Sanidade recogía, en concreto, infracciones por la ausencia de certificación o acreditación del Laboratorio Municipal, por la falta de determinación de metales en las analíticas de control, por la ausencia de notificación a la autoridad sanitaria de los supuestos constatados de agua no apta para el consumo y por no suministrar los datos al Sinac (Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo).
No obstante, el juez rebaja dos de las cuatro infracciones administrativas que recogía el expediente sancionador e impone una multa de 19.030 euros frente a los 21.520 iniciales. El ayuntamiento tiene 15 días para interponer recurso de apelación.
La Xunta anunció en enero de 2018 la apertura del expediente sancionador al ayuntamiento, como responsable del servicio de abastecimiento de agua para consumo humano. El motivo, según informa, fueron las "reiteradas deficiencias en los controles realizados por el Laboratorio Municipal" en el grifo del consumidor e incumplimientos en la calidad de agua, que no fueron comunicados a la autoridad sanitaria.
Las inspecciones de Saúde Pública llevadas a cabo pusieron de manifiesto el incumplimiento reiterado en Vigo de la normativa que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo. Se le requirió al ayuntamiento la aplicación de las consecuentes medidas correctoras.
En la comunicación, se acordó la suspensión temporal del funcionamiento del Laboratorio Municipal, para la realización de análisis de agua para consumo o de cualquier actividad para la que se le exija la posesión de certificación o acreditación, que no tenía en el momento de la incoación del expediente.
Los técnicos de la Consellería constataron que en los análisis del Laboratorio municipal en 2016 y 2017 se detectaron hasta 24 analíticas que calificaron el agua como no apta y otras 31 bajo la clasificación de apta con no conformidad.
Además, ninguno de los citados incumplimientos fue confirmado en una segunda analítica antes de las 24 horas de haberse detectado, ni comunicado por el Ayuntamiento a la autoridad sanitaria. Tampoco están disponibles estas analíticas de control en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac).
