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Recuerda que el acuerdo "se adoptó a sabiendas de que la imputación sobre Varela era derivada de un proceso por presunta corrupción"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago de Compostela ha notificado este lunes un auto en el que dispone que se continúe la tramitación como procedimiento abreviado de unas diligencias previas en las que aparecen como imputados siete concejales del equipo de gobierno por aprobar en Junta de Gobierno el pago de la defensa de otro edil imputado en la 'Operación Pokémon'.
La jueza que suscribe el auto, Ana López-Suevos, así lo ha acordado por si los hechos que se investigan fueran constitutivos de un supuesto delito de prevaricación, en relación a la decisión acordada por los imputados en Junta de Gobierno de aceptar dar asistencia jurídica al concejal de Deportes, Adrián Varela, a costa del Ayuntamiento.
La magistrada recoge en su auto que el citado acuerdo "se adoptó por los imputados a sabiendas de que la imputación que pesaba sobre Adrián Varela era derivada de un proceso penal por presunta corrupción y declarado secreto, por lo que en el momento en que se decide asumir los gastos de defensa y representación los indicios existentes de los que disponen son de que se encuentra encartado por actos cometidos por abuso o exceso de funciones, con claro conflicto de sus intereses particulares con los de la Corporación local".
"Intereses estos últimos por los que debían velar los imputados como miembros de la Junta de Gobierno Local de Santiago", añade la jueza en el auto.
Asimismo, la jueza recuerda que la asunción de gastos "no se condiciona a la absolución" de Adrián Varela en el seno de la causa penal en la que fue imputado, o a la decisión de archivo de la misma.
La magistrada precisa, asimismo, en el auto que "el acuerdo se adoptó sin aprobar partida presupuestaria concreta y sin introducir ningún límite cuantitativo, lo que, unido a que se permitió a Adrián, designar libremente a su abogado, supuso que no se adoptase ninguna prevención acerca del importe de los gastos que se asumirán por el concepto aprobado".
También incide en sus argumentos que el proceso penal en el que estaba incurso "se encontraba en un estadio inicial, no teniendo recaído auto de archivo o sentencia absolutoria respecto de aquel". Además, añade que "todos los imputados conocían que la causa penal a la que fuera llamado a declarar el concejal solicitante era la conocida como Pokémon, que investigaba una supuesta trama de corrupción y que se encontraba bajo secreto de actuación".
"Alguno de los imputados conocía incluso que el señor Varela estaba imputado por presuntos delitos de soborno, falsedad documental y prevaricación, por tanto por actos supuestamente cometidos, no en el ejercicio de sus funciones, sino llevados a cabo con abuso, exceso, desviación e poder o en convergencia con intereses particulares propios o de su grupo político, susceptibles por tanto de ser discernidos de los intereses propios de la corporación local, por tanto actos cometidos con dolo o negligencia grave".
En la resolución, la jueza señala que el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares disponen de diez días para formular escrito de acusación en el que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
IMPUTADOS
En concreto, las diligencias se incoaron en virtud de una denuncia interpuesta el 26 de septiembre de 2013 por la Fiscalía de Área de Santiago ante el juzgado de guardia y el 8 de octubre el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago dictó acto de incoación de diligencias previas por un supuesto delito de prevaricación.
Los concejales del gobierno municipal imputados en esta causa son los populares Amelia González, Juan José de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Javier Noya y José Luis García Bello.
