El 52% de las víctimas que recibió ayudas tenía hijos a cargo, el 70% menos de 46 años y todas las víctimas de trata eran extranjeras
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los juzgados comunicaron a la Secretaría Xeral de Igualdade, en el primer semestre de 2020, un total de 536 medidas de protección a mujeres víctimas de violencia machista, una cifra que supone una caída del 29,8%, puesto que en el mismo periodo de 2019 se comunicaron 764, según se puede consultar en los datos de la página web del departamento autonómico, recogidos por Europa Press.
Los datos de 2019 forman parte de los tres informes que este jueves la titular de Igualdade, Susana López Abella, llevó a la Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego del Parlamento de Galicia, en cumplimiento con la normativa gallega y en la que ha presentado cifras estadísticas y reflexionó sobre la situación de la violencia a la mujer.
En el plano numérico, el informe, al que ha accedido Europa Press, recoge que el departamento autonómico concedió, en 2019, un total de 188 ayudas de pago único (77 en el primer semestre y 111 en el segundo).
En cuanto a ayudas de pago periódico, fueron resueltas favorablemente un total de 577 --318 y 259, en cada uno de los semestres), a las que hay que sumar las indemnizaciones reguladas en el artículo 43 de la ley gallega 11/2007.
ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Si se analiza la atención del punto de coordinación de órdenes de protección, se gestionaron un total de 1.233 expedientes en 2019 --562 en el primer semestre y 671 en el segundo--. Las medidas de protección comunicadas ascendieron el pasado ejercicio a 1.593 --764 en el primer semestre y 829 en el segundo--; mientras que se emitieron 43 certificaciones de condición de víctima de violencia de género a efectos de incorporación al programa de inserción laboral de este colectivo.
Esta línea de ayudas está dirigida a mujeres que sufren violencia de género y a los menores dependientes por daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la situación de violencia. Son indemnizaciones fijadas por sentencia judicial y se dan en el caso de incumplimiento por insolvencia.
De estas ayudas se pueden beneficiar las mujeres que sufren violencia machista, las personas menores de edad que dependan de una mujer que sufre violencia de género, las mayores de edad que dependan económicamente de una mujer víctima y las personas dependientes bajo el cuidado de una mujer que sufra violencia machista. La cuantía máxima de estas ayudas no supera los 6.000 euros por cada persona beneficiaria.
DATOS DE 2020
En lo que va de año, contrasta el número de expedientes de concesión de ayudas de pago único, que aumentó significativamente en el primer semestre, hasta las 182 (frente a las 77 del año anterior). Se mantienen en la misma línea, por su parte, las ayudas de pago periódico (319 este primer semestre frente a las 318 de 2019 en ese periodo).
Además, hubo cuatro indemnizaciones con cargo al artículo 43 de la ley gallega 11/2017 y se siguieron 455 expedientes del punto de coordinación de órdenes de protección, frente a las 562 de 2019 en ese periodo.
En cuanto a la cifra de medidas de protección comunicadas, el total ascendió a 536 en el primer semestre, frente a las 764 de 2019. En este primer periodo de 2020, se certificaron a cinco mujeres en la condición de víctima a efectos de inserción laboral, lo que contrasta con las 20 del primer periodo de 2019.
AYUDAS PERIÓDICAS
Los informes entregados por la Secretaría Xeral incluyen una evaluación de las prestaciones periódicas a víctimas de violencia machista. En el periodo 2006-2009, se beneficiaron de estas ayudas un total de 4.915 personas, para lo que se destinó un presupuesto de 38,9 millones de euros.
En Galicia se registraron en 2019 un total de 6.551 denuncias, con un incremento de 0,2 puntos con respecto al año anterior, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. El presupuesto más elevado de los últimos años fue el de 2019, con más de 5,2 millones de euros, lo que supone un 76 por ciento más que en 2006.
PERFIL DE LAS BENEFICIARIAS
Tres de cada cuatro beneficiarias de ayudas periódicas son de nacionalidad española, el 70 por ciento tiene menos de 46 años, y el 9 por ciento --58 mujeres-- tenía acreditada una discapacidad. El 52 por ciento tiene hijos menores a cargo (el 20 por ciento dos o más hijos) sumando, en total, 464 hijos de personas víctimas que recibieron ayudas.
Según el estudio, más del 81 por ciento de las beneficiarias estaba desempleada --un dato que se justifica porque se tienen en cuenta los ingresos para la concesión de la ayuda económica--. Así, 471 no tenían un empleo y 106 sí, pero con ingresos por debajo del Iprem --537 al mes y 7.519 euros en 14 pagas al año, en 2019--.
Del total de beneficiarias, el 96 por ciento era víctima de violencia de género y 4 por ciento de la trata de seres humanos, un total de 23 mujeres. Todas las víctimas de la trata con fines de explotación sexual son extranjeras y más del 43 por ciento de estas víctimas tiene menos de 25 años.
EL 40 POR CIENTO, DE A CORUÑA
El 40 por ciento de las solicitudes procede de la provincia de A Coruña, mientras que la suma de Ourense y Lugo no llega al 25 por ciento. Como dato que destaca la Secretaría de Igualdade, en el año 2020 se concedieron el 88 por ciento de las solicitudes, al respecto de lo que Susana López Abella precisó en la comisión que cuando una petición se deniega, se habla con la persona para abordar la situación.
A Coruña y Pontevedra suman más del 76 por ciento de las ayudas concedidas, un total de 577 beneficiaras en el caso de los pagos periódicos, que son los que se han analizado en este informe, frente a las 772 solicitudes.
Las principales razones por las que fueron denegadas, se basan en el incumplimiento o no acreditación de los requisitos de las bases de la convocatoria. Más del 81 por ciento de las beneficiarias de una ayuda acreditó su situación con una sentencia judicial.
En términos territoriales, en la mayoría de las provincias las beneficiarias residen en zonas urbanas, salvo en Pontevedra, donde es mayor el número de víctimas rurales que urbanas. Al hilo de la situación del rural, los grupos políticos y la propia secretaria xeral hicieron el análisis de que hay que buscar el equilibrio territorial para atender la situación de la violencia machista en el ámbito rural.
Con todo, si se toma el conjunto de las zonas consideradas zonas intermedias de población o zonas poco pobladas, estas suponen la mayoría de los lugares de residencia de las beneficiarias, el 53 por ciento.
