La CIG denuncia "incumplimientos" del convenio vigente y advierte de que la crisis no puede condicionar la negociación del nuevo
VIGO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
Cerca de un millar de trabajadores del sector naval de Vigo se concentran frente a los edificios de los juzgados de la ciudad en apoyo de los cuatro operarios que son juzgados en la Sala de lo Penal número 1 acusados de desórdenes y daños producidos durante las huelgas de este sector en el año 2007.
Los manifestantes se concentraron a primera hora de la mañana en sus centros de trabajo y luego marcharon hacia la Plaza do Rei, desde donde partieron en manifestación hacia los juzgados flanqueados por pancartas en las que puede leerse "No a la represión en el naval. No al fascismo. Huelga!".
La marcha se celebra sin que se hayan registrado desórdenes y muchos trabajadores portan pegatinas con el lema 'Stop represión. Libertad para los cuatro del metal'. Los actos de protesta fueron convocados por la CIG para todo el sector del metal, mientras que UGT apoya un paro sólo para el naval.
El secretario xeral de CIG Metal, Miguel Anxo Malvido, señaló que la de hoy es "una jornada de lucha" y se declaró satisfecho por el "seguimiento mayoritario" del paro, aunque lamentó que no haya habido unidad sindical en la convocatoria. El objetivo, dijo, es que los cuatro acusados resulten absueltos, porque en caso contrario "estarían condenando a todo el sector por defender su convenio".
Para este sindicalista, la huelga no sólo es en solidaridad con los cuatro trabajadores juzgados, sino que "sobran los motivos" para convocarla, dados los "incumplimientos" del convenio pactado en 2006. Por ello, advirtió a la patronal, con la que volverán a reunirse para negociar el nuevo convenio a partir del 13 de febrero, de que "no valdrá ni crisis ni rabos de gaita porque los trabajadores lo van a pelear".
IMPUTADOS
Los cuatro operarios imputados, Daniel C., Emilio D.C., Xosé G., e Iván P., se enfrentan cada uno a una petición, por parte de la Fiscalía, de dos años de cárcel por desórdenes, y otros dos años de prisión por un delito de daños. Asimismo, el Ministerio Público pide multas individuales de 1.830 euros y una multa colectiva de 8.220 euros.
El juicio estaba señalado inicialmente para el pasado 6 de noviembre, pero la vista se suspendió debido a que uno de los acusados renunció a su defensa.
