El ministerio asegura que resuelve "un complejísimo problema" en las rías al reducir a 20 metros la zona de servidumbre

Miguel Arias Cañete
EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 5 octubre 2012 21:12

La Xunta ratifica que Ence "deberá abandonar" su ubicación en 2018 ya que la nueva norma supedita su prórroga al informe ambiental de la comunidad


SANTIAGO/MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que el proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas resuelve "un complejísimo problema pendiente" en las rías gallegas, al reducir de 100 a 20 metros "en determinados núcleos de población" la anchura de la zona de servidumbre.

"Hay una posibilidad especial de reducir la zona de servidumbre, su anchura, de 100 a 20 metros en determinados núcleos de población, en las rías, que afecta a los núcleos rurales gallegos y canarios, resolviendo un complejísimo problema que existía pendiente en esta materia", ha destacado Arias Cañete en rueda de prensa después del Consejo de Ministros, que ha aprobado este viernes el citado proyecto de ley, con lo que el Gobierno lo remite al Congreso.

Además, el titular de Medio Ambiente ha explicado que, con la norma, "también se establece en zona de servidumbre la misma posibilidad de hacer obras de mejora y reparación", pero ha puntualizado que "con las limitaciones también de no incrementar altura, volumen ni superficie" y la incorporación de "criterios de eficiencia medioambiental".

Esta "posibilidad especial" de disminuir la zona de servidumbre cambia la situación en la que se encontraban núcleos tradicionales de población de rías gallegas como la de Pontevedra, en localidades como Bueu, Marín, Seixo y Vilaboa.

Toda vez que aún no ha trascendido el texto legal, la Xunta ha eludido pronunciarse "hasta poder hacer un análisis riguroso". Al respecto, fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas han indicado a Europa Press que se trata de una ley "compleja" y "con trascendencia" que obliga al examen pormenorizado, con el objetivo de comprobar si el ministerio aceptó las alegaciones hechas por el Ejecutivo autonómico.

"NO ES UNA AMNISTÍA"

Por su parte, en la comparecencia ante los medios, el ministro ha defendido que esta es "una norma que protege mejor" el litoral y "que beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa", pero ha subrayado que "no es una amnistía de situaciones ilegales". "Todo lo que sea ilegal será demolido y se actuará sobre ello", ha advertido.

En esta línea, ha ahondado en que "lo ilegal será demolido, lo que era legal se prorrogará a petición de sus titulares y las instalaciones industriales se analizarán para ver si son sostenibles o afectan a los ecosistemas marinos o a los hábitats".

FUTURO DE ENCE

Así, en lo que respecta al futuro de las instalaciones industriales, Arias Cañete ha destacado que las que en este momento están ocupando zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre --como es el caso de Ence en la ría de Pontevedra-- no tendrán una concesión "automática" sino que tendrán que someterse a un informe medioambiental de las Comunidades Autónomas.

Por lo tanto, ha subrayado, "se analizarán todas las instalaciones industriales que hay en el litoral español, se pedirán informes a todas las Comunidades Autónomas, y se actuará en consecuencia".

En este escenario, la Xunta ha apelado al "compromiso" pactado con el ministerio --que estaba reflejado en el borrador de la ley-- para que no hubiese "una prórroga inmediata para las papeleras ubicadas en el litoral". La "última palabra" debe ser de la comunidad autónoma, como ha ratificado este viernes Cañete, pues será el Ejecutivo autonómico el que deba emitir un informe favorable o desfavorable.

Así las cosas, fuentes del departamento que dirige Agustín Hernández recuerdan que el compromiso de la actual Xunta es que Ence "debe abandonar la ría y buscar una alternativa en el entorno de la comarca de Pontevedra". Además, dicha ubicación deberá contar con "el apoyo del Gobierno autonómico".

La empresa, por su parte, ha declinado hacer declaraciones alegando que "no tiene por costumbre entrar en cuestiones políticas". "Los legisladores a legislar y las empresas a trabajar", han apuntado a Europa Press fuentes de la papelera.