Nota de aclaración a la información: "La Xunta propone que la extracción minera se amplíe..."

Actualizado: lunes, 10 julio 2006 20:29

En el tercer párrafo de la información se ha deslizado un error y donde pone ilegalidad debe poner alegalidad.

La información queda como sigue. Es todo. Disculpen las molestias.

La Xunta propone que la extracción minera se amplíe a suelos rústicos de protección agropecuaria y forestal

La ley que ordenará la minería se aprobará este año y sustituirá a la norma vigente que data de 1973

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Innovación e Industria prevé modificar el artículo 33 de la Ley do Solo para que las actividades extractivas mineras se puedan ampliar a suelos rústicos de protección agropecuaria y forestal, según se recoge en el borrador de la Lei de Ordenación de la Minaría de Galiza (LOMG).

El titular de Industria, Fernando Blanco, y el director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Anxo Calvo, presentaron hoy al sector este borrador para que redacten alegaciones y contribuyan a enriquecer una normativa que sustituirá a la vigente, que data de 1973.

Este departamento autonómico quier actualizar la actual ley y regular el sector, en parte debido a la proliferación de canteras en situación irregular. "Hay que pasar a la legalidad algo que está en alegalidad", señaló Anxo Cavlo. Por su parte, Blanco aseguraró que la intención es que el proyecto de ley será aprobado por el Consello de la Xunta y remitido al Parlamento en septiembre, para que sea definitivamente aprobado antes de que finalice este año.

Industria también pretende "ordenar" el sector y "reconducirlo a la modernidad", con una "simplificación de la intervención administrativa" y con la innovación tecnológica orientada a la sostenibilidad y al cierre de la cadena de valor de los recursos mineros.

El Consello da Minaría de Galiza se configura como un órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento de la administración en materia de minería y se prevé la creación del Rexistro Mineiro de Galiza, que será público e incluirá todos los derechos mineros autorizados o concedidos en esta comunidad.

El borrador también prevé la aprobación de un Plano da Minaría de Galiza, que será el máximo instrumento de planificación de la política en esta materia y que tendrá una vigencia temporal de cinco años. Partirá de un diagnóstico del sector y fijará las líneas estratégicas de actuación.

Sus principios serán desarrollar los ejes básicos de actuación administrativa, propiciando la coordinación de acciones, establecer las bases del desarrollo de una minería sostenible compatible con la ordenación del territorio y el medio ambiente y promocionar la I+D+i para introducir la mejora tecnológica y la diversificación económica.

DERECHOS MINEROS

Para obtener derechos mineros la normativa apunta que tendrán participación los ciudadanos (con información pública), el ayuntamiento donde se pretende ejercer el derecho minero (con un informe preceptivo) y los órganos autonómicos competentes en materia ambiental y de ordenación del territorio (también con un informe preceptivo). La capacidad de resolver será de la Consellería de Industria y del Consello de la Xunta si hubiese algún informe preceptivo desfavorable.

El borrador establece una limitación en los permisos, excepto supuestos excepcionales, hasta 400 cuadrículas de exploración y hasta 15 de investigación. Una cuadrícula tiene una superficie aproximada de 20 hectáreas. Las autorizaciones serán para un período de cuatro años, los permisos de explotación se renovarán anualmente, los de investigación cada tres años y las concesiones serán como máximo de 75 años.

Para el fomento de la minería, las prioridades son la mejora tecnológica, el cierre del ciclo productivo, el medio ambienta y la seguridad, aspecto éste último en el que incidió el director xeral y por el que pidió un trabajo conjunto de todas las partes implicadas.

En cuanto a inspección, se prevé la creación de un cuerpos de funcionarios competentes en materia de minas con conocimientos en prevención de riesgos laborales. Las sanciones serán de entre 1 a 10.000 euros las leves, de 10.001 a 200.000 las graves y de hasta un millón de euros las muy graves.