SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La que era responsable del área de servicios sociales en el Ayuntamiento de Santiago, María Castelao, ha solicitado su baja voluntaria en el PPdeG, tras ser condenada, junto con otros seis compañeros de corporación, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, lo que provocó que todos ellos renunciasen a sus actas como concejales.
Fuentes del PPdeG han confirmado a Europa Press que el partido ya ha recibido la solicitud de baja voluntaria de María Castelao. Junto a ella también fueron condenados María Pardo, que era teniente de alcalde, delegada de Urbanismo y portavoz de la Junta de Gobierno Local; Cecilia Sierra, que era edil de Hacienda; Francisco Noya, de Participación Ciudadana y Fiestas; Amelia González, de Régimen Interior y Personal; Juan de la Fuente, de Vías y Obras; y Luis García Bello, de Seguridad y Movilidad.
En una comparecencia pública este martes, los condenados por haber aprobado que el Ayuntamiento compostelano sufragase la defensa de otro compañero imputado en la Pokémon se limitaron a decir que "se aplicarán los estatutos en sus términos exactos", cuando fueron preguntados si dejarían la militancia en el PPdeG.
Al respecto, fuentes del PPdeG han indicado que los estatutos del partido habilitan la posibilidad de que no se adopte una decisión sobre la militancia de los ediles dimisionarios que fueron condenados hasta que la sentencia sea firme. Ellos ya aseguraron que dimitían como concejales "por imperativo legal", pero que recurrirán la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago.
DECISIÓN DEFINITIVA
El secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda, declaró este martes que "mientras la sentencia no sea firme no se tomará ninguna decisión definitiva". No obstante, añadió que "esta misma semana" se reunirá el Comité de Derechos y Garantías para "tomar una decisión sobre si procede o no una suspensión de militancia" o "si se espera a la sentencia firme".
En concreto, el PPdeG prevé en sus estatutos abrir un expediente informativo contra cargos con imputaciones judiciales, que se transforma en disciplinario en el caso de que se produzca señalamiento de juicio oral y se resuelve cuando finaliza el procedimiento judicial con la correspondiente sentencia.
Así, a principios de mayo, el PPdeG transformó el expediente informativo que se les había abierto en disciplinario, toda vez que la Audiencia Provincial de A Coruña desestimó el recurso contra la decisión judicial de ordenar la apertura de juicio oral y tuvieron que sentarse en el banquillo el 19 de mayo. En los estatutos de los 'populares', el expediente disciplinario incluye el matiz de que la resolución final tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, haya un sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial.
