El Gobierno gallego aprueba el decreto que posibilita implantar el documento estatal para el alquiler de viviendas
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) avanza en la elaboración de un plan estratégico de rehabilitación que prevé la inversión de 56,3 millones de euros en el periodo 2014-2016, con el objetivo de "seguir estando a la cabeza" en esta materia y permitir al sector de la construcción que "encuentre una vía para mejorar su delicada situación".
Así lo ha destacado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello, que analizó dicho plan, con el que el Gobierno autonómico estructura sus líneas de actuación en este ámbito en torno a seis ejes.
Cuatro de ellos se refieren a actuaciones exclusivamente autonómicas, entre las que se encuentran el fomento de la rehabilitación en núcleos rurales --"prioridad" de la Xunta--, en conjuntos históricos --para evitar su deterioro--, la rehabilitación pública de viviendas y la reparación de viviendas de promoción pública, tanto directamente por el IGVS como a través de ayudas a comunidades de propietarios.
Los otros dos son medidas cofinanciadas con el Estado, que giran en torno a dos grandes bloques: el mantenimiento del programa de áreas de rehabilitación de Galicia --que cuenta con 57, 56 en ayuntamientos y una correspondiente a los Caminos de Santiago-- y la implantación del plan estatal (de 2013 a 2016) de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas.
Y es que, de manera paralela, la reunión semanal del Ejecutivo gallego ha aprobado este jueves un decreto por el cual se regula el nuevo marco legal de las ayudas de rehabilitación y alquiler. El documento regula aspectos que, como ha explicado Núñez Feijóo, quedan fuera del plan estatal, como la calificación de viviendas de protección autonómica y el procedimiento de declaración de áreas de rehabilitación.
"SOLUCIONES" PARA FINANCIACIÓN
A mayores, el texto trata de aportar "soluciones" a los problemas de acceso a la financiación en la promoción de viviendas protegidas. En concreto, establece la posibilidad de que las cooperativas vendan la promoción a promotores inmobiliarios que sí tengan acceso a la financiación y garanticen el término de la construcción.
En caso de acogerse a esta opción, los miembros de la cooperativa seguirán accediendo a las viviendas construidas y las que no fuesen cubiertas por los cooperativistas serían adjudicadas obligatoriamente a través del registro de demandantes de vivienda.
