FERROL, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, en donde está integrada desde este verano la Asociación de Amigos de la Playa de Vilarrube (A Coruña), ha presentado una queja ante el Parlamento Europeo por los derribos "totalmente ilegales" acometidos en Villarrube en el año 2005. Así lo ha dado a conocer en una reunión con afectados por la Ley de Costas de toda Galicia que tuvo lugar en el local social de A Gándara (Narón).
Previamente, representantes de la Plataforma de Afectados y de la asociación de Amigos de la Playa de Vilarrube mantuvieron una reunión con la alcaldesa de Valdoviño, Isabel Álvarez (TEGA), de quien recabaron su apoyo para presentar una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por los derribos de 2005.
El secretario de la Plataforma y abogado, José Ortega, que se desplazó desde Valencia para dar a conocer las novedades en la legislación, ha explicado a Europa Press que el caso de Vilarrube es "especialmente dramático y singular" y ha recordado que "hay unas actuaciones penales en curso" contra el jefe de la Demarcación de Costas, Rafael Eimil.
"Queremos que este asunto lo conozca todo el mundo y la sociedad comparta la indignación y el sentimiento de humillación que tienen todos los vecinos", ha asegurado Ortega. En este sentido, ha indicado que se está evolucionando hacia "un mayor respeto de los derechos civiles" y se está "alimentando este cambio con iniciativas en el Parlamento Europeo" que están en "plena actividad".
José Ortega explicó que a finales de septiembre la junta de portavoces de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo analizará el informe jurídico solicitado y tomará una decisión, previa a una decisión final. En esa decisión se baraja la posibilidad de "una comisión de investigación que venga a España" a conocer in situ los diferentes casos.
VILARUBE
Según ha asegurado Ortega, los terrenos de Vilarube, por su situación legal, "se tienen que dar en concesión por 60 años y esto está tan protegido por la ley que el Reglamento de Costas indica que si los propietarios no la solicitan en un plazo de un año, el Estado la tiene que dar de oficio". Sin embargo, ha recordado que en el caso de Vilarrube "el Estado no resolvió" a pesar de lo que los vecinos "lo pidieron".
José Ortega ha indicado que la "política de Costas es muy injusta en general, muy abusiva" y en particular "en Vilarube" porque el derecho de unas personas "a la concesión, lo han transformado en la versión de que hay que derribar y en lugar de tomar a estas personas como ciudadanos los han tomado como delincuentes peligrosos sociales pateando un derecho constitucional recogido en el artículo 18 de la Constitución".
Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Amigos de la Playa de Vilarrube, Inés Barcia ha apuntado a Europa Press que "no sólo se ha saltado por encima de la ley, sino por encima de las personas" y "mientras Rafael Eimil sigue en su cargo, a pesar de estar imputado".
"Aquí fue un ataque, vinieron con más de medio centenar de guardia civiles, sin orden judicial, en pleno invierno, el 30 de noviembre de 2005, a las 7.30 de la mañana para coger a los afectados como los cogió, durmiendo. Fue un atentando contra los afectados", recordaba Barcia.
La vicepresidenta vecinal indicó que están afectadas "47 viviendas y 300 terrenos" y que no tuvieron ni siquiera tiempo para presentar alegaciones, ya que, Eimil "el 4 octubre 2005 coge el cargo, el 21 octubre de 2005 manda las cartas y derriba el 30 de noviembre de 2005".
"UN ERROR"
El abogado José Ortega ha afirmado que ahora se intentará "conseguir la concesión en los tribunales" por lo que "tendrían que indemnizarles, darles la concesión, y reconocer que el derribo fue un error".
El secretario de la Plataforma confía que, con la queja presentada, "el Parlamento sepa, condene y si tiene investigar, investigue". En este sentido, confía en "la comisión de Peticiones porque en España no se puede confiar en nadie más, el país está perdido no hay control ni judicial ni político de ninguna clase", ha criticado.
Asimismo, ha recordado que el informe presentado en el Parlamento, donde "dicen que tienen razón en todo", también fue presentado al Defensor del Pueblo, quien "dijo que no tenían razón ni en una coma". "Es muy triste que haya que ir fuera de España para buscar justicia, porque en España no la hay", ha sentenciado.
