De Lara ha pedido información de Relaciones Institucionales, gabinete de comunicación, Protocolo y Atención Ciudadana, y Contratación
LUGO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Judicial han acudido a realizar el volcado de ordenadores de cuatro áreas de la Diputación de Lugo, según han confirmado fuentes del gobierno provincial, acompañados por la jueza Pilar de Lara Cifuentes en la mañana de este viernes.
De Lara llegó poco antes de las 9,30 horas de este viernes acompañada de varios agentes a la Diputación de Lugo, donde ha pedido documentación sobre el programa 'Km 0' y el volcado de varios ordenadores.
En concreto, ha requerido información de la iniciativa 'Km 0', un programa de excursiones a municipios de la provincia. Estas mismas fuentes de la institución provincial han indicado que "son los primeros interesados en despejar dudas" sobre dicho proyecto.
En cuanto al volcado informático, se centra en las áreas de Relaciones Institucionales, en el gabinete de comunicación, en la Unidad de Protocolo y Atención Ciudadana, así como en el departamento de Contratación.
El gobierno bipartito provincial ha asegurado que están "tranquilos" y que la Diputación de Lugo "sigue funcionando con normalidad".
De Lara ha abandonado la Diputación de Lugo sobre las 10,15 horas con una carpeta en la mano tras solicitar la citada información y volcado de ordenadores en la institución provincial.
Tras la marcha de la jueza Pilar de Lara este viernes en la sede de la institución provincial han quedado cinco agentes de la Policía Judicial para continuar con el volcado de información de ordenadores.
ANTERIOR VISITA JUDICIAL
El pasado mes de julio agentes de la Policía Judicial habían acudido de nuevo a la Diputación de Lugo para recabar información complementaria sobre este programa de visitas 'Km 0'.
Aquella visita judicial partía de una orden de la jueza de apoyo del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Hortensia Bouso, en la que se había facilitado a los agentes toda la información que solicitaron.
En abril de 2013 el PP se había hecho eco de que varias personas ligadas con este programa de visitas, en parte financiado con fondos de la Unión Europea (UE), habían sido llamadas a declarar en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía, "a raíz de las denuncias de varios trabajadores", que supuestamente "incluirían acusaciones de relevancia penal y presuntos delitos de acoso laboral".
El Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital abrió diligencias sobre esta cuestión, si bien la Diputación negó "tajantemente" cuando trascendió la investigación de la Fiscalía la posibilidad de que hubiese malversación de fondos en la gestión del programa.
