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  • 27 de noviembre de 2014

    El PP desoye a los servicios jurídicos de la Cámara y no modifica la disposición sobre la autovía de la Costa da Morte

    El PSdeG advierte de que la Xunta "vulnera la Constitución" con el cambio en el contrato, AGE habla de "ilícitos penales" y BNG de "fraude de ley"

    SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

    El PPdeG ha desoído a los servicios jurídicos del Parlamento y no ha modificado la disposición adicional quinta de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad para 2015, con la que resuelve parcialmente el contrato con la concesionaria de la autovía de la Costa da Morte.

    Este jueves, los grupos parlamentarios han elaborado en la comisión de economía de la Cámara el dictamen de esta ley, formalmente denominada de medidas fiscales y administrativas, y que toda la oposición rechaza por la cantidad de normas que modifica, al entender que requeriría de debates por separado.

    Pero el punto relativo a la autovía de la Costa da Morte ha vuelto a ser el que ha generado mayor polémica, al advertir el PSdeG de que la Xunta "vulnera la Constitución" con este precepto, mientras que AGE ha avisado de posibles consecuencias en "ilícitos penales" y el BNG ha insistido en pedir su supresión por suponer un "fraude de ley".

    Por su parte, el portavoz de los populares, Hipólito Fariñas, ha afirmado que "ninguno de los tres informes que existe sobre este punto cuestionan la legalidad y constitucionalidad de esta disposición".

    De hecho, ya el informe elaborado por la ponencia recoge que el ponente del PP sugirió introducir en la redacción propuesta por los servicios jurídicos una frase. "Dado que no fue posible la introducción de este añadido, la enmienda técnica tampoco queda incorporada", señala.

    En síntesis, el texto que proponían los letrados decía a la Xunta que debe ser la Axencia Galega de Infraestruturas la que "iniciará el expediente administrativo oportuno", bajo lo "establecido en la legislación aplicable en materia de contratación administrativa".

    "TOTAL GARANTÍA JURÍDICA"

    "Adoptamos esta iniciativa para hacer viable y realidad la autovía de la Costa da Morte", ha reivindicado Fariñas este jueves, antes de mostrar la "completa certeza y seguridad" sobre que los populares apoyan "algo beneficioso para Galicia y con total garantía jurídica".

    Frente a esto, el diputado socialista Juan Carlos González Santín ha denunciado que el PP "vulnera la Constitución al imponer la modificación parcial del contrato con la concesionaria". Por un lado, ha criticado que "abre la posibilidad de que la Xunta pueda suspender cualquier obra en curso" y, por otro, "vulnera los derechos del resto de las empresas que concurrieron al concurso".

    Por su parte, la viceportavoz de Alternativa, Yolanda Díaz, ha apuntado a los "intereses" de la concesionaria en "la trama Gürtel", de modo que ha vuelto a culpabilizar al PP de "no estar defendiendo los intereses generales" y dar "regalos".

    El portavoz parlamentario del Bloque, Francisco Jorquera, ha insistido en acusar al Gobierno gallego de "fraude de ley" con este precepto, al apelar a la estabilidad presupuestaria cuando "el ahorro que se alcanza, de unos 5 millones de euros, no lo justifica". "Demuestra, una vez más, que está defendiendo los intereses de una empresa", ha reprochado.

    ENMIENDAS OPOSICIÓN

    Díaz y Jorquera han lamentado que el PP rechazase incorporar ninguna de sus enmiendas, mientras que Fariñas ha apuntado que de las 186 registradas por toda la oposición, 105 eran de supresión.

    "Las únicas que pudieron ser aceptadas íntegramente fueron seis del grupo socialista, además de otras dos transacciones, de las que una de ellas también llevaba implícito la aceptación de otra enmienda", ha dicho.

    Así, en relación con el impuesto de compensación ambiental minero, los grupos aprobaron aumentar un 25% el tipo impositivo aplicado a la minería, algo que aplaude el PSdeG, si bien recuerda que reclamaba que se aplicase un canon de hasta un 1,5% sobre los ingresos de las empresas, "tal y como el Gobierno había anunciado el pasado 27 de octubre".

    ENMIENDAS PP

    Entre las enmiendas del PP, incorpora cambios relativos a la minería, tales como que pondrán fin al procedimiento "la resolución, la desistencia, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y su caducidad".

    Asimismo, otra enmienda de los populares sostiene que el órgano minero competente dictará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de 12 mees, incorporando, en su caso, los condicionantes que resulten de los informes preceptivos, y añade varios casos en los que los derechos mineros podrán denegarse motivadamente.

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