Palmou denunció el "caos" en este ámbito y lamentó la "discriminación" que sufre Vigo
VIGO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Xustiza del grupo parlamentario del PP, Jesús Palmou, exigió hoy a la Xunta la creación de una consellería exclusiva de Xustiza, que "fundamente" su actuación en este campo y no comparta otras atribuciones, al tiempo que reclamó competencias en demarcación y planta judicial para que Galicia "determine qué juzgados y dónde se crean" independientemente de que éstos se creen mediante un decreto ministerial.
En una rueda de prensa en Vigo, en la que compareció junto al también diputado popular Ignacio López Chaves, destacó la situación de "caos" de las infraestructuras de Justicia en Galicia que, según afirmó, se desprende de la memoria anual emitida recientemente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por lo que enunció una serie de propuestas de su grupo político.
Así, destacó la necesidad "fundamental" de contar con una Consellería de Xustiza que, "como mucho" incluya el área de Interior, pero en el que actividad central se base en la primera. Según denunció, en el actual departamento autonómico que dirige el socialista José Luis Méndez Romeu, este área es un "apéndice" y tiene un carácter "residual" puesto que, según él, centra su actividad en sus otras atribuciones de Presidencia y Administracións Públicas.
Además, también reivindicó para Galicia las competencias "ejecutivas" en demarcación y planta judicial, ya que actualmente la Xunta sólo puede proponer la creación de unidades judiciales, mientras que depende del Gobierno central la decisión de su puesta en marcha. Según recordó, las competencias transferidas a la comunidad son sobre recursos materiales y humanos.
MÁS PRESUPUESTOS
Por otra parte, el popular también propuso como "absolutamente necesario" que el Gobierno gallego incremente sus presupuestos en el ámbito de Justicia y que continúe con el "plan de modernización" impulsado por el anterior ejecutivo del PP y que actualmente está paralizado por "falta de compromiso" presupuestario.
En este sentido, el que fuera conselleiro de Xustiza recordó que entre 1997 y 2005 las inversiones en este apartado aumentaron un 10% cada año, mientras que desde 2005 a 2006, el primer año del bipartito, sólo se incrementaron en un 1,6%, lo que deriva, según criticó, en que el pasado año "el Gobierno concedió seis nuevas unidades judiciales, pero sólo se habían pedido cuatro porque no había presupuestos suficientes".
Finalmente, y ligado a los presupuestos, el PP solicitó que se creen las 20 unidades judiciales que urge el TSXG en su memoria anual, y que Palmou consideró como "lo mínimo", puesto que el organismo judicial autonómico recomienda crear otras 8 aunque "no de inmediato", puntualizó.
"DISCRIMINACIÓN" DE VIGO
Según explicó Palmou, la memoria del TSXG, que evidencia la existencia de un total de 138.000 casos pendientes en el pasado año, un 12% más que el año anterior, "dispara todas las alarmas" ante un acercamiento a un "caos en la Administración de Justicia" gallega y que achacó a la "falta de atención de la Xunta".
En este sentido, recordó que las áreas de lo Social y lo Contencioso son las que registran "mayores atascos" y destacó la especial "discriminación" que, según él, sufre Vigo, que carece de un Juzgado de lo Mercantil como resultado de un "procedimiento inadecuado" en la tramitación de esta unidad, que finalmente fue otorgada a Pontevedra, que actualmente tiene dos juzgados para el 40% de los casos de la provincia, puesto que el 60% restante corresponde a Vigo.
Por su parte, Ignacio López Chaves también se refirió a otros asuntos que, según él, evidencian la "falta de voluntad política del PSdeG" como la "paralización y rebaja de categoría" de la Ley de Área Metropolitana de Vigo, la carencia de un Registro de lo Mercantil, así como de un Registro Civil Único.
Finalmente, criticó al Gobierno gallego por querer hacer del proyecto de Ciudad de la Justicia "un pequeño poblacho" porque, según el PP, "reduce superficie y presupuestos" del proyecto de la anterior Xunta. Así, aunque Méndez Romeu calculó que el complejo previsto resolverá necesidades para 10 o 12 años, los populares estimaron que "en cuatro o seis años estará lleno".
