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PSOE, AGE y BNG reprueban una norma "privatizadora" que "ataca" al autogobierno y PP esgrime que la Xunta diseñó una ley que la "aclara"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los populares han rechazado este martes con sus votos llevar al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, la denominada reforma local, con el argumento de que es "frívolo" utilizar el TC para "prorrogar la divergencia política" y pese al apoyo unánime de la oposición a recurrir la que considera "una mala ley".
Así, frente a los argumentos de PSdeG, promotor de la iniciativa que se debatió en una breve específica, de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y de BNG, que coincidieron en que la norma "ataca" el autogobierno y busca la "privatización", el popular Román Rodríguez ha esgrimido que, aunque "compleja", la ley básica estatal es "oportuna y necesaria".
Frente a ello, el socialista Francisco Caamaño ha advertido de que la reforma local pasará a la historia como "una pésima" ley, "equivocada y caótica" en su planteamiento, y que "nadie" quiere. "Rajoy quiere ahorrar en democracia, igual que Feijóo al pretender recortar este Parlamento", ha advertido, antes de pedir al PPdeG que fuese coherente con sus críticas a esta norma.
Asimismo, Caamaño ha advertido que al aprobar la ley el Gobierno que dirige Mariano Rajoy "ya sabía que las cuentas de los ayuntamientos no eran en sí mismas una preocupación", toda vez que su deuda "se había reducido". "Madrid y Valencia, con dos austeros gobiernos del PP, sumaban un tercio del total de la deuda, pero no imputemos a todos lo que fue el error de alguno", ha pedido.
En la misma línea, Xabier Ron (AGE) ha cargado contra una norma "austericida" y con la que el Ejecutivo estatal, a su juicio, encuentra la "coartada perfecta con rango de ley" para "disolver entidades que prestan servicios públicos" y poner estos en manos de "empresas privadas". "Es una ley recentralizadora que parece buscar culpables y apunta a los ayuntamientos", ha cargado.
Al igual que Caamaño y el parlamentario de AGE, la nacionalista Tereixa Paz ha censurado una ley que refuerza el papel de las diputaciones y que es "centralista y privatizadora, únicamente al servicio del austericidido de los servicios públicos". Paz ha defendido que no cabe otra vía que recurrir una norma que "vulnera claramente competencias de la Xunta" y que "interfiere y merma" la capacidad de autogobierno de Galicia.
"PRORROGAR LA DIVERGENCIA POLÍTICA"
Frente a las críticas de la oposición, Román Rodríguez (PP) ha incidido en que la reforma "no elimina servicios", sino que aborda una reordenación competencial para lograr un mayor "control del déficit", además de "reducir deuda y evitar duplicidades".
Dicho esto ha interpretado que la propuesta debatida este martes "fija una voluntad política", pero "carece de un sustento técnico-jurídico" y ha rechazado "usar el TC como vía para prorrogar la divergencia política", al considerar que hacerlo sería "una actitud frívola".
Al tiempo, ha subrayado que el PP participó con "actitud crítica" en el proceso de articulación de la ley y que alegó por las vías pertinentes, tanto a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) como de la Xunta.
También ha esgrimido que el Ejecutivo autonómico ha desarrollado ahora una ley de medidas urgentes para interpretar la normativa básica y aclarar las dudas suscitadas durante su interpretación, que el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, presentó la pasada semana ante los grupos representados en la Fegamp.
LEY INTERPRETATIVA DE LA XUNTA
Entre otras cuestiones, este borrador de la norma de la Xunta para "interpretar" la reforma local recoge que las competencias que "debe asumir" la Comunidad en educación, salud y servicios sociales "seguirán siendo prestadas por los ayuntamientos" mientras "no se den" las condiciones previstas para su traspaso y, "en particular, el establecimiento del nuevo de sistema de financiación autonómico y de las haciendas locales" previsto en la ley estatal.
Añade que en el marco del que dispongan las normas reguladoras del sistema de financiación de las comunidades y de las haciendas locales, el Consello de la Xunta regulará las condiciones del correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales, sin que "la gestión por las Comunidades" de dichos servicios pueda suponer "un mayor gasto" para el conjunto de las administraciones.
Ante las "dudas" suscitadas por interventores y alcaldes, la ley también regula el ejercicio de nuevas competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación que, conforme la legislación básica sólo será posible cuando no se ponga en riesgo "la sostenibilidad financiera" del conjunto de la hacienda local y no haya duplicidades.
Con tal fin, se regula la forma de apreciación de la existencia o no de duplicidades y también la solicitud de informes competencia de la administración autonómica, el procedimiento y plazo para su emisión, así como su carácter vinculante y contenido. También hace referencia a la necesidad de nuevo informe en los casos de modificaciones sustanciales en el ejercicio de las competencias.
Al tiempo, frente a las dudas a las que ha hecho referencia el vicepresidente, la norma gallega también unifica criterios y clarifica qué "no se entenderá como ejercicio de nuevas competencias".
No se entenderá como tal la "continuidad" en la prestación de los servicios ya establecidos"; las obras, servicios, ayudas, adquisiciones o suministros de emergencia; o la colaboración entre administraciones entendida como "el trabajo en común" para solventar problemas también "comunes" y que pudiesen formularse "más allá de la concreta repartición competencial en los distintos sectores de la acción pública".
