SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Puy, ha señalado este jueves que la decisión del Gobierno central de no transferir las bonificaciones empresariales a las comunidades que no cuenten con un Estatuto de segunda generación "no tiene ningún fundamento jurídico", al tiempo que ha llamado la atención sobre que la carta estatutaria del País Vasco no ha sido reformada desde su aprobación en 1979. "Es sorprendente", ha enfatizado.
Esta reacción se produce después de conocerse que el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, ha adelantado que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el PNV para la transferencia de las políticas activas de empleo abre un nuevo camino para las comunidades que hayan pasado al estatuto de segunda generación, que también podrán solicitar el traspaso de las bonificaciones empresariales.
En declaraciones a Europa Press, el diputado del PP ha incidido en que el artículo 150.2 de la Constitución habilita al Ejecutivo estatal a "hacer cualquier traspaso a cualquier comunidad" siempre que haya "acuerdo entre las dos partes". Dicho esto, ha recordado que la Carta Magna también establece el principio de "no discriminación".
"El Gobierno entiende los traspasos de una forma absolutamente oportunista, pensando en otros intereses distintos a la estructura racional del Estado", ha censurado, y ha lamentado que Zarrías "prime el sectarismo y el oportunismo partidario" en "cuestiones de Estado en las que se debe primar la racionalidad". "Uno ya empieza a sospechar ante su preocupante falta de visión del Estado de las Autonomías", ha remachado.
En la misma línea, ha criticado que el Gobierno central "funcione ahora de esta manera", ya que cuando se decidió la primera transferencia de políticas activas de empleo "se le dio a todas las comunidades que lo pidieron". "Nunca hubo estas discriminaciones", ha recalcado Puy Fraga, quien ha concluido recordando que a Galicia también se le ha negado el traspaso de Tráfico pese a que la reclamó "por una vía prevista en la Constitución" y que su petición estaba respaldada por el acuerdo "unánime" de la Cámara autonómica.
