Asegura que desde 1997 se han pagado todas las expropiaciones al mismo tiempo que las obras, excepto cuando los propietarios recurren
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PPdeG destacó hoy que el Juzgado de Expropiaciones constituido esta mañana es una iniciativa surgida de las dotaciones específicas, de personal y sede, habilitadas por la Xunta anterior en el tiempo en el que gobernó durante 2005 y acusó al bipartito de ponerlo en marcha con un retraso superior a seis meses sobre lo previsto inicialmente.
En un comunicado, los populares celebraron que el Ejecutivo gallego "mantenga" esta instancia, pero recordaron que su constitución fue aprobada en 2004 por el Ejecutivo de Manuel Fraga y que ya estaba previstó activar este año una partida económica específica con la que hacer frente al pago de expropiaciones históricas, anterior a 1998.
Además, y frente a las críticas de la conselleira de Política Territorial y del propio presidente autonómico a su gestión cuando ostentaba el poder, el PPdeG reivindicó que, desde 1997, la Xunta abona "puntualmente, junto a las obras, todas las expropiaciones", excepto aquellas en las que los propietarios recurren al juzgado.
Al respecto, advirtió de que en caso de que así ocurre, "ni el anterior gobierno ni el actual pueden hacer efectivos los pagos mientras no exista una resolución judicial firme". Así, destacó que fue precisamente en 1997 cuando la Xunta impulsó la aprobación de una ley que recogía la obligación de reservar, desde entonces, cuando se presupuestase cualquier obra, el dinero necesario para hacer frente al pago de la totalidad de las expropiaciones.
En este sentido, mantuvo que, paralelamente, el Gobierno gallego habilitó partidas económicas específicas para efectuar el pago de las expropiaciones antiguas, aún pendientes. El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular, Carlos Negreira, destacó que la partida destinada este año por el bipartito al pago de expropiaciones procede de la paralización de obras del Plan Galicia en el segundo semestre de 2005, y no una dotación destinada específicamente a esta finalidad, como tenía previsto el Ejecutivo del PP.
