SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PPdeG lamentó hoy que el Gobierno central "tardase dos años" en incrementar el control de la velocidad en las vías gallegas, con la puesta en servicio de un helicóptero equipado con radar, puesto que cuando ostentaba el poder había solicitado a la Dirección General de Tráfico radares fijos en los puntos más conflictivos de la red viaria, a lo que el Ejecutivo "dio la callada por respuesta".
En un comunicado, los populares denunciaron el "retraso" en la atención a esta demanda, "formulada" por ellos hace dos años, cuando habían reclamado a las autoridades de Tráfico la instalación de radares en las vías de alta capacidad de O Sanés y O Barbanza, para tratar de reducir la accidentalidad.
Así, insistieron en que la Administración central "prefirió ignorar" este requerimiento y la acusaron de "mantenerlo congelado" hasta que la "presión social" derivada de la elevada siniestralidad registrada la pasada Semana Santa "obligó a la Xunta y al Gobierno central a convocar reuniones mediáticas acompañadas de anuncios pretendidamente efectistas".
Para la oposición, esta "preocupación" del bipartito por "transmitir una sensación de efectividad" en la prevención de los accidentes de tráfico "choca con la ausencia de medidas" orientadas a fomentar la educación viaria de los jóvenes, el colectivo más afectado por la siniestralidad.
PROGRAMAS Y DIVERGENCIAS
Al respecto, pese al reconocimiento de la propia Consellería de Política Territorial de que la "clave del asunto" reside en la modificación del comportamiento de los conductores, el PPdeG acusó a la Xunta de anular, "sin alternativa ninguna", los dos programas de fomento de la seguridad viaria orientados a la juventud que funcionaban "con notable éxito" en la pasada legislatura, 'Conducción segura' y 'Dummie', en los que participaron más de 55.000 jóvenes.
Por último, los populares alertaron de la "postura divergente" de los miembros del Gobierno autonómico, en cuando al método de reducir la incidencia de los accidentes de tráfico, ya que mientras el vicepresidente, Anxo Quintana, insistía en la necesidad de lograr cuanto antes la transferencia, "negada una día antes por el ministro de Administraciones Públicas", la titular de Política Territorial, María José Caride, "reiteraba el argumento del presidente de que un traspaso competencial por sí mismo no soluciona nada".
