SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Urbanismo del Grupo Popular, Pilar Rojo, criticó hoy que el proyecto de ley de medidas urgentes de vivienda y suelo, remitido por la Xunta al Parlamento de Galicia, se presenten "tres años después del cambio de Gobierno" y, en todo caso, advirtió de que estas normas incrementarán la "confusión" en este ámbito.
Así, a través de una nota de prensa, la portavoz 'popular' apuntó a que estas medidas no sólo no van a resolver ninguno de los problemas que existen, sino que van a "incrementar" el desconcierto derivado de la proliferación de normas autonómicas en este ámbito potencial.
Rojo reprobó que la sucesión de reformas normativas promovidas por el Gobierno bipartito en este ámbito contribuyen a "fragmentar y dispersar" la legislación autonómica, por lo que dificultan su aplicación.
Así, según los 'populares' lo lógico sería la elaboración de un proyecto de ley "único" que refunde todas las normas sectoriales dispersas entre los distintos departamentos, una posibilidad que choca con las diferentes "sensibilidades" que presentan los miembros de la Xunta.
30 ENMIENDAS.
Por otra parte, el PPdeG rechazó que los miembros del bipartito optasen por aplicar el "rodillo" parlamentario y rechazaron las 30 enmiendas propuestas por el PPdeG, lo que evidencia, según Pilar Rojo, que el diálogo y el talante del que "presume" la Xunta, no es más que "una ocultación de la intolerancia que los caracteriza", apuntó.
Así, destacó que con normas como ésta los municipios se enfrentarán a una "creciente" pérdida de las competencias, hasta el punto de quedar "supeditados" al dictado del Gobierno gallego en lo relacionado con la planificación de vivienda.
En este sentido, la diputada popular insistió en que la nueva ley no va a resolver ninguno de los problemas planteados actualmente en Galicia en materia de vivienda, como los precios "elevados" o el "acompasamiento" de la oferta y demanda real.
Por ello, criticó que el nuevo decreto fija la misma obligación de reserva de suelo para viviendas en todos los ayuntamientos en función de su población, y con independencia de sus características, de la pirámide de población y de la demanda de vivienda derivada de estos factores.
