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  • 25 de mayo de 2010

    PPdeG ve "una vía de escape financiera para los malos gestores" y rechaza tratar a todos los municipios igual

    SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

    El portavoz del Grupo Popular, Manuel Ruiz Rivas, avisó hoy de que la corrección de errores realizada por el Gobierno central en el real decreto al respecto del endeudamiento de los ayuntamientos abre la puerta a que los municipios "mal gestionados tengan una vía de escape durante nueve meses".

    Además, en declaraciones a Europa Press, el portavoz parlamentario del PPdeG criticó la "improvisación" del Ejecutivo central y su "desconocimiento" sobre el funcionamiento de los ayuntamientos, ya que con el decreto inicial "castigaba a todos los ayuntamientos por igual", de forma que "se impedía a buenos y malos gestores" recurrir a la deuda.

    Para Ruiz Rivas, el decreto "expresa la improvisación de quien lo firma", es decir, del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, al que le achacó medidas "improvisadas y difícilmente certeras" y que, en este caso, "no tenían el don de la oportunidad".

    "Con la rectificación lo acabó demostrando", aseveró Ruiz Rivas, quien consideró que la "corrección de errores" revela la "falta de consulta y desconocimiento" de los municipios, por lo que demandó al Ejecutivo central que "dialogue" con los ayuntamientos antes de establecer medidas que les afecten.

    Ruiz Rivas recordó que los ayuntamientos, este año, ya vieron reducidos sus ingresos y, con el decreto inicial, se les puso una traba a los ayuntamientos que, con esta corrección --advirtió-- "puede tener el efecto contrario". Así, observó que el decreto del Gobierno puede quedar como una medida "inocua", puesto que el beneficio que se obtenga en 2011 puede descompensarse con la deuda en la que incurran los ayuntamientos este ejercicio.

    "Este tipo de medidas no se pueden anunciar", sostuvo. Asimismo, Ruiz Rivas recalcó la necesidad de "respetar la autonomía financiera" de los ayuntamientos y reclamó que las determinaciones que se adopten no sean "independientes de la solvencia" de las entidades a las que afectan.