Promotores de Pontevedra denuncia que el 20,5 por ciento de empresas no tienen actividad y piden abaratar el suelo

Actualizado: miércoles, 23 julio 2008 17:54

Critican que el PGOM de Vigo no incita a la construcción de viviendas y anuncian que una docena de empresas lo recurrirán

VIGO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Pontevedra, Aproin, denunció hoy que un 20,5 por ciento de las empresas del sector en dicha provincia se encuentran actualmente sin ninguna actividad y que una cuarta parte del total está acometiendo una única promoción.

Así lo refleja una encuesta realizada a 75 empresas cuyos resultados fueron presentados hoy en Vigo por el presidente de la asociación, Javier Garrido, y su gerente, Miguel Font. Según dicho estudio, estas empresas tienen una media de 11 viviendas terminadas sin vender, y una media de 34 viviendas por promoción (terminadas o no) sin vender, aunque muchas de ellas están en municipios de fuera de Galicia.

La encuesta realizada por Aproin concluye que, de 102 promociones escrutadas, hay 510 viviendas sin comprador en Madrid, 500 en Vigo, 202 en Pontevedra, 181 en Sanxenxo, y varios centenares más repartidas por otros municipios gallegos.

Miguel Font explicó que el estudio también refleja que hubo un descenso importante en el ritmo de ventas de los pisos y que hay 18 promotoras inmobiliarias que no han conseguido vender ninguna vivienda en un año. Asimismo, el informe evidencia que en torno al 60 por ciento de las empresas encuestadas no iniciarán ninguna promoción a corto plazo.

Con respecto a la construcción de vivienda protegida, los datos de Aproin apuntan que más de la mitad de las promotores están dispuestas a acometer dicha actividad, aunque la mayoría condiciona esta iniciativa a un "precio adecuado del suelo".

PRECIO DEL SUELO

El presidente de Aproin, Javier Garrido, explicó que la situación de crisis que afecta al sector tiene menor incidencia en Galicia que en el resto del Estado porque "aquí se parte de más abajo y hay más margen de reacción", aunque advirtió de que esa reacción está supeditada a la implantación de "políticas adecuadas".

En ese sentido, advirtió que "podría haber problemas si no se toman cartas en el asunto" y apuntó, como actuaciones más urgente, la implantación de medidas desde la Administración para abaratar el suelo, y la "necesaria coordinación" entre departamentos autonómicos vinculados con el desarrollo territorial y las políticas de vivienda.

Garrido explicó que el sector planteará estas cuestiones al gobierno gallego en la reunión que van a tener esta tarde en Santiago, un encuentro que, afirmó, los promotores esperan "que no sea sólo para la foto". Asimismo, recordó que la disponibilidad de las bancas para financiar a las promotoras "es más que discutible".

Además, Miguel Font subrayó los promotores "nunca han fallado a la banca" y que el actual problema de confianza en el sector se debe a que las entidad financieras "apostaron por las grandes operaciones de transformación y especulación del suelo", en lugar de hacerlo por los promotores inmobiliarios.

También afirmó que la puesta en marcha de diferentes normativas relacionadas con la ordenación territorial, la inspección de edificios, el hábitat y otros aspectos provocarán un encarecimiento en el precio de las viviendas de entre un 15 y un 20 por ciento. "No hay burbuja inmobiliaria, sino que la burbuja está en el coste del suelo", añadió.

PGOM DE VIGO

Por otra parte, el presidente de Aproin afirmó que, a la luz de los datos de la encuesta, se concluye que la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Vigo "no supone prácticamente incentivo alguno" en la actividad del sector. A este respecto lamentó que "las cosas se hicieron mal" y que "la gente no está dispuesta a actuar sobre un marco jurídicamente inseguro".

Garrido reiteró su denuncia de que el Plan se ha basado en un estudio económico "incorrecto" y, aunque anunció que la Asociación que preside ha decidido no presentar un recurso contra el PGOM, varias empresas (entre 10 y 15) anunciaron su intención de recurrir a esta vía, al considerar que el documento urbanístico tiene aspectos técnicos irregulares y perjudican a sus intereses.